La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, informó que en casi todos los penales del estado, se han detectado algunas anomalías y violación a los derechos humanos.
Abundó que en las visitas constantes de verificación, se han encontrado irregularidades principalmente en cuanto a la infraestructura, ya que no cuentan con las instalaciones adecuadas, además de la falta de medicamentos, hacinamiento, falta de pintura y falta de condiciones sanitarias.
«Casi en todos los penales se han hecho observaciones y la mayoría tiene que ver con cuestiones de infraestructura, se les hace la observación y se les da un término para que subsanen esas observaciones».
Dijo que se realiza una visita posterior y si han subsanado las observaciones señaladas, queda asentado que se cumplió.
En este sentido, sostuvo que en este año han recibido más de 7 mil solicitudes de intervención por maltrato a presidarios provenientes de los reclusorios.
Del mismo modo manifestó que hasta el momento están llegando a las 19 mil solicitudes de intervención, sumando las peticiones del año pasado que fueron 11 mil 528.
Indicó que algunas de estas quejas han sido interpuestas por los mismos presidarios y precisó que actualmente hay tres quejas que están en trámite contra penales del estado debido a la violación al derecho a la integridad de los presos.
«La integridad personal abarca desde malos tratamientos, no solo físicos sino psicológicos y no exclusivamente de tortura; el grado más alto de lesión a la integridad personal es la tortura».
Añadió que en las prisiones preventivas municipales también se han detectado irregularidades como hacinamiento, como en el caso de Tihuatlán.
«De las observaciones que se hacen el hacinamiento es una condición contraria a los derechos humanos. Es un alto porcentaje el que presenta estos problemas».
Asimismo dijo que durante este año la Comisión lleva ya 37 recomendaciones a diferentes instituciones.
Entrevistada en la Guardia de Honor del 207 aniversario del inicio de la Independencia de México, abundó que estas han sido dirigidas a la Secretaria de Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y diversos ayuntamientos.
«En la mayoría de los casos en los ayuntamientos tiene que ver con actuaciones de servidores públicos que exceden los límites en el ejercicio de sus funciones, particularmente de policías municipales, inspectores de comercio».
Aseguró que si se llevan a cabo las recomendaciones emitidas, pues no son vinculantes, sin embargo dijo que se tiene un porcentaje del 99 por ciento de aceptación de éstas recomendaciones por la autoridad.
«Tenemos un alto porcentaje, altísimo de aceptación de las recomendaciones por la autoridad, a partir de ese momento se inicia lo que se denomina seguimiento para ver que cumplan con los puntos específicos y siempre se solicita que se abran procedimientos sancionatorios administrativos en contra de los funcionarios públicos que ham vulnerados derechos humanos».
