El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, determinó imponer una amonestación pública al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM), por brindar su apoyo al entonces candidato a la diputación local por Córdoba, hoy legislador por ese distrito, Juan Manuel del Castillo González.
En sesión extraordinaria, el pleno resolvió el Procedimiento Ordinario Sancionador (POS) , presentado el año pasado por Agustín Basilio de la Vega, otrora representante suplente del Partido Acción Nacional (PAN), en el que denunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a del Castillo González, por hechos que consideraba podrían constituir el probable rebase a los topes de gastos de Campaña, en el marco del proceso electoral 2015-2016.
Si bien la querella originalmente se presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), éste ordenó remitir la investigación al ente comicial veracruzano a fin de que determinara lo procedente, en relación a posibles aportaciones de un ente prohibido en una campaña política, la cual podía constituir una posible vulneración a la normatividad electoral.
En específico, el INE consideró que era competencia del OPLE, las conductas denunciadas en relación con la presunta aportación en especie realizada por la organización gremial azucarera, a favor del PRI y de su ex contendiente a Diputado Local por el Distrito 19 en Córdoba.
De tal forma que este miércoles, en sesión extraordinaria, los consejeros concluyeron como fundado el procedimiento sancionador ordinario incoado contra la persona moral denominada Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana “STIASRM”, por haber desplegado una lona en un evento en la que se observaba el apoyo a Juan Manuel del Castillo, y también a Héctor Yunes Landa, ex aspirante priista a la Gubernatura del Estado en 2016.
No obstante, el Consejo General resolvió absolver al ex nominado priista a la Diputación Local de la responsabilidad de recibir aportaciones de entes prohibidos dentro de una campaña política, toda vez que en la investigación realizada por el INE, no se acreditó que él hubiera tenido conocimiento de las aportaciones en especie del Sindicato, y, por tanto, que hubiese sido negligente en su responsabilidad de rechazar dicho apoyo prohibido.
