Un juez federal de Chicago bloqueó el viernes el paquete de nuevas reglas propuestas por el presidente Donald Trump para retener fondos federales a las ciudades santuario, las que protegen a los indocumentados negándose a colaborar con las autoridades migratorias.
En un extenso fallo, el juez de distrito Harry Leinenweber dictaminó que la alcaldía de Chicago había demostrado la “probabilidad de éxito” de los argumentos de la demanda que el consistorio presentó en agosto contra el gobierno federal por las nuevas medidas.
Esta demanda consideraba que el fiscal federal de EU, Jeff Sessions, se excedió en su autoridad al imponer nuevos y restrictivos estándares a la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales locales.
El magistrado señaló que también quedó demostrado que la ciudad podría sufrir un “daño irreparable” en sus relaciones con la comunidad migrante si cumpliera con los abusivos nuevos estándares que pretendía imponer el departamento de Justicia. “Una vez que se pierde esa confianza, no se puede reparar”, agrega el fallo.
El bloqueo preliminar se aplicará en todo el país, donde hay una 600 ciudades y condados santuario, y que podrían verse afectadas por la medida.
INCONSTITUCIONAL. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, argumentó en la demanda que la norma, que obligaría al consistorio a comunicar al Servicio de Control de Aduanas (ICE) la liberación de sospechosos de ser indocumentados con 2 días de antelación, es inconstitucional.
Asimismo, defendió que con estas restricciones el gobierno federal sentaría un precedente peligroso que podría conducir al bloqueo de otros fondos federales.
En el caso de Chicago, la pérdida del fondo de ayuda policial supondría no ingresar 3.2 millones de dólares, una cifra que, según el abogado de la alcaldía, Ron Safer, “es preciosa, porque salva vidas”.
DEFENSA. En un memorando, Sessions afirmó que la voluntad de bloquear el envío de fondos es porque las ciudades santuario “no cumplen voluntariamente” con la ley federal, que obliga a los gobiernos locales a compartir con la administración información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
El fiscal general criticó que las ciudades santuario se nieguen a informar de la liberación de un supuesto indocumentado, y que prohíban a sus policías locales cuestionar a los ciudadanos sobre su estatus migratorio en controles rutinarios.
