En referencia al caso de la Maestra Rita Isabel Garza Reyes, un lector muy bien enterado del norte del Estado y ex colaborador de la SEV en aquella zona, nos dice que ella tuvo según antecedentes a su cargo la supervisión de la zona 78 de Tantoyuca y en junio de 2016 se le retira esa comisión del servicio y se le solicita reintegrarse a sus centros de trabajos porque tiene doble plaza de Preescolar; sin embargo no se presentó en octubre del mismo año. Se turnó su caso a la unidad jurídica, en febrero de 2017. Mediante procedimiento jurídico obligatorio, de acuerdo con la reforma educativa por ser maestra con plaza federal, se le da de baja en plantilla, por abandono de trabajo. Hasta esa fecha ella no presentó ningún documento de que estaba enferma, ni dictamen médico, ni incapacidades; se le retiene el salario via FONE hasta mayo 2017, para que se presente a aclarar su situación administrativa, y posterior a ello trae dos incapacidades médicas recientes; sin embargo, la ley del servicio profesional docente requiere que acredite donde estaba laborando de agosto 2016 a la fecha, ya que no se cuenta con registro de plantilla ni antecedente de labores en ningún centro de trabajo. «Con mucha pena nos damos cuenta que hay quienes buscan aprovecharse de la sensibilidad social que existe en estos momentos para estar exentos de sus obligaciones… lamentablemente», refiere el citado lector.
Para que nuestros lectores tengan el contexto, este comentario es con relación a la nota https://www.versiones.com.mx/maestra-pide-apoyo-para-que-le-paguen-salarios-atrasados-padece-cancer/
