Ante la iniciativa de los ciudadanos de que los partidos políticos donen parte de los recursos públicos para los damnificados que perdieron sus viviendas en los pasados sismos que se registraron y que dejaron afectaciones graves en distintos estados del país, estos institutos emitieron su posicionamiento e incluso hablaron de porcentajes que estarían dispuestos a entregar.
Sin embargo, diferentes actores políticos también opinaron, unos a favor y otros no tanto, e incluso ha habido quien ha señalado que ante la presión que se está ejerciendo para que los partidos entreguen estos recursos, existe la posibilidad de que se vean orillados o que se genere la posibilidad de que acepten y usen dineros no públicos para sus campañas.
Al respecto, hablaron para Versiones.com.mx, académicos y conocedores del tema, así como personajes políticos.
No viene una amenaza, hay indicios que ya se han usado dineros ilícitos para campañas electorales: Alafita Méndez
El académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Leopoldo Alafita Méndez, aseveró que hay muchos indicios de que se han usado dineros ilícitos para las campañas políticas e incluso ejemplificó que de acuerdo a un cálculo de investigadores de universidades extranjeras, indican que el 80 por ciento de los municipios en el país está tocado por ese tipo de recursos.
Y es que el académico opinó que en caso de que se apruebe la entrega de las prerrogativas de los partidos políticos a los damnificados de los sismos, no significa que «se venga una amenaza» de que podría haber un financiamiento ilícito para sus campañas electorales.
«Creo que indicios de que hay esos dineros en las campañas son muchos, no es poco, no es que vaya a venir una amenaza, hay indicios, la gente lo maneja, en las redes, la información que hay disponible en línea y hay muchas cosas».
Entrevistado, consideró que las autoridades electorales deben tomar su papel y sancionar sin discusión y sin omisiones a todos aquellos que se vean envueltos en este tipo de actos.
«La autoridad electoral tiene que ponerse también en su papel, y si hay, en cualquier caso, ayer hoy o mañana partidos que estén en esa hipótesis, los deben de poner al margen de las instituciones del estado, sin discusión, porque eso no se debe tolerar, me parece que las instituciones son tocadas de esa manera y deben de dar sanciones, y si la autoridad electoral es incapaz de poner sanciones de esa naturaleza cuando se muestre esas cuestiones, tampoco estará jugando su papel, entonces habría que cuestionar a la autoridad electoral».
Asimismo, señaló que no se trata sólo de colocar candados o blindajes para evitar estas acciones, es necesario que las autoridades cumplan con su responsabilidad, pues acusó que lo que hay son omisiones muy graves.
«Habría que cumplir con la responsabilidad de cada autoridad, me parece que lo que hay son omisiones muy graves».
Del mismo modo, indicó que los partidos deben de entender que los recursos que se destinan para estos fines electorales son públicos, por lo que la sociedad puede decidir cuál es la prioridad que actualmente se debe atender.
«Lo que se ha venido discutiendo públicamente deja entrever como que los partidos de muy buena gana cederían un porcentaje de sus prerrogativas, y yo digo perdón, ustedes no están entendiendo el asunto, estamos hablando de dineros públicos, dineros que son de la sociedad y que quien los administra es el estado, pero se está en un estado de emergencia, no tenemos que pedirle a los partidos que nos permitan los recursos nuestros».
Aseveró que se trata de una situación de emergencia que no se debe negociar y en este sentido, el investigador refirió que las campañas, además de ser costosas producen una cantidad brutal de basura.
«Esto es algo que no se negocia, no es si me dan el 25 por ciento dentro de las prerrogativas del año 2017 y no me tocan las otras, o que yo no les puedo dar, estamos en una situación de emergencia y me parece que los dineros públicos deben resolver los problemas prioritarios y es prioridad de miles a las campañas que producen una cantidad brutal de basura».
Y es que aseguró, que a pesar de que la Constitución establece que los partidos gozarán de estos recursos, se vive en un estado de emergencia en donde las discusiones deben ponerse a un lado.
Consideró que el dinero que se les destina a los institutos políticos es mucho, y además se tienen los peores partidos del mundo, por lo que habría que ordenar y establecer prioridades.
«Hay una opinión muy generalizada de que lo que se da para las cuestiones electorales es mucho, en el mundo somos el país que más les damos a los partidos y me parece que tenemos los peores partidos del mundo, creo que hay otros peores también en el mundo, pero me parece que debemos ordenar las cosas, son recursos públicos y tenemos que poner al servicio de las prioridades».
Sostuvo que aun así, el tema va más allá de tomar los recursos de los partidos políticos, pues dijo que habría que considerar recortes en los gastos de publicidad de los gobiernos, ya que esos millones son utilizados a promover públicamente a los partidos y agregó también la posibilidad de poner límites a los salarios públicos.
«Lo político está subordinando a cualquier otro tipo de prioridades y me parece que hay que poner límites ya, no podemos seguir dándonos el lujo de tener una clase política, partidos, y sujetos que son privilegiados y muy ricos, otra de las cosas que sería complementaria, lo propongo de manera abierta, deberían reducirse los salarios públicos como máximo a cien mil pesos, debería haber una discusión nacional de que debemos poner un tope mientras dure la emergencia».
Si se les retiran las prerrogativas a los partidos, hay riesgo del uso de recursos provenientes de grupos criminales: Investigador del Colver
Por su parte, el investigador del Colegio de Veracruz (Colver), José Jesús Borjón Nieto, precisó que en caso de que se apruebe la donación de los recursos que corresponden a los partidos políticos, habría un riesgo de que se usarán dineros provenientes de miembros de la delincuencia organizada.
«Sí, el riesgo existe desde luego, se han dado casos ejemplares, incluso en otros países, el caso de Colombia, por mencionar algunos, aquí se ha dicho y ha salido en los medios que sí hay formas en que los grupos de la delincuencia organizada han intervenido para financiar las campañas de algunos partidos, de manera que el peligro sí existe».
En este sentido, dejó claro que los partidos reciben financiamiento por parte del estado para evitar que existan otras fuentes, como bien el sector empresarial o miembros de la delincuencia organizada, grupos que después se «cobrarían» esa inversión.
«Porque se financian los partidos, para evitar que haya otras fuentes que después pueden cobrar esa inversión que hacen, digamos el mundo empresarial o bien los miembros de la delincuencia organizada, grupos específicos que tengan un interés en constituirse después como grupos de presión, porque se lo cobrarían».
Ante este panorama, sugirió que debe existir un apoyo desde la sociedad, para que estas intenciones de los institutos políticos se lleven adelante, pues ya tendrán su forma dijo, de hacer sus campañas, «ya sabemos cuáles son sus programas, todos apoyemos esta idea de recortar el presupuesto».
Aunado a este aspecto, agregó que los candados para evitar este riesgo, es labor del Instituto Nacional Electoral (INE), quien debe buscar el modo de controlar que exista transparencia y rendición de cuentas.
«Esto es una labor del INE que tendría que buscar la manera de controlar, de que no hubiera recursos no legítimos, que hubiera transparencia, ahora con los medios electrónicos se puede controlar esto, puede haber mucha transparencia y rendición de cuentas, esto lo tienen que aprobar los partidos, para que haya un mejor control de los ingresos que pudiera haber de Fuentes no legítimas, sí se puede hacer».
Indicó que una manera de hacerlo, es el uso de las criptomonedas, monedas convencionales que no están dentro del sistema bancario y que están funcionando bien, «se hacen pagos sin que tengan que pasar por la banca, una manera segura y secreta, nadie puede borrar esa información que está codificada».
El investigador opinó que el destinar las prerrogativas a acciones de reconstrucción de las zonas que resultaron afectadas, es una buena idea, y agregó que es costoso el financiamiento que se le da a las campañas electorales, el cual puede usarse para otros fines, como la creación de empleos y la reconstrucción de viviendas.
«En términos generales es una buena idea, es una coyuntura realmente especial, nadie lo esperaba, ya se había aprobado el presupuesto, sabemos que los partidos forman parte de nuestras instituciones, están contemplados en la Constitución de la República, de alguna manera tienen que financiar sus campañas, estaban saliendo muy costosas esas campañas, y como está la crisis en México, no es razonable que gasten tantos recursos que podrían emplearse en otros campos».
No es que vaya a ocurrir, ya ocurrió con el PRI: Morena
El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusó que ya partidos como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha usado recursos de dudosa procedencia para la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto.
«No es que vaya a ocurrir, ya ocurrió, Peña Nieto llega a la Presidencia de la República, hay una comisión en la que participé en la Cámara de Diputados, en lo que se pudo observar que llegó a la Presidencia con recursos de dudosa procedencia, ilícita más que de dudosa».
Recordó que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa envió dineros provenientes del presupuesto público, no obstante parte de ese dinero presumía ser ilícito, hechos que aseguró, no se quisieron investigar a fondo.
Y es que dijo que pese a que existe una Comisión de Fiscalización que prevé estas acciones, esta actúa a favor de los grupos políticos del PRI y del PAN, dejándolos sin sanciones.
«Las instituciones están a favor de los grupos políticos del PRI y del PAN, atacan al Morena en la fiscalización y ellos no tienen ninguna sanción, el caso más reciente en el Estado de México, donde acusan a Delfina que es la que ganó y la que no gastó en la campaña y Del Mazo, Peña, estuvieron metidos de cabeza, entregando las tarjetas rosas, chivos, puercos, marranos y todo lo demás y la Comisión como los mariachis, callaron, esa es la verdad».
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé la revisión del origen de los recursos de los institutos políticos
De acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Artículo 32 en su apartado VI, prevé la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, mientras que en el Capítulo 3 abunda de la fiscalización de partidos políticos:
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de fiscalización.
Del mismo modo, el Artículo 191 indica que:
I. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:
d) vigilar el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos observen las disposiciones legales
n) aprobar los convenios a suscribir por el Instituto con las instancias del Estado mexicano, necesarios para acreditar el origen lícito de los recursos utilizados por los partidos políticos.
De la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
Artículo 196
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los inconformes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.
Así también refiere el Artículo 199
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
c) vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los partidos políticos
Los recursos que se entregan en efectivo a los partidos no se pueden fiscalizar: INE
No obstante de lo que la ley establece respecto a estos puntos, en una entrevista efectuada el pasado mes de marzo, el consejero Marco Antonio Baños Martínez, integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), reconoció que no se pueden fiscalizar los recursos económicos que se entregan en efectivo a los candidatos independientes y de partidos durante las precampañas y campañas.
En esas fechas, indicó que esto se debe a que el organismo no tiene un mecanismo para revisar que los recursos en efectivo no provengan de la delincuencia organizada, «la parte del efectivo es otro tema y no es posible para el Instituto, porque no tenemos una forma evidente de revisar esas cantidades», aseveró.
En este sentido, dejó en claro que la Unidad Técnica de Fiscalización sólo puede fiscalizar los recursos bancarios y agregó que en los ejercicios de fiscalización de las elecciones del 2015 y 2016, no arrojaron indicios de que alguna campaña haya sido financiada por el crimen organizado.
Por ello, adelantó que se van depurando los mecanismo y se prevé que para el 2018 la unidad está preparada por la vía del sistema de contabilidad en línea y las auditorías a los espectaculares, a los medios de comunicación y las revisiones a partidos en su contabilidad.
Y añadió que esto se hace con el fin de confrontar la autencidad de facturas con las empresas que se contratan y de este modo conocer el uso de los recursos que se erogan.
Excesivo el financiamiento a los partidos políticos
En tanto, el financiamiento que se otorga a los partidos políticos ha generado un descontento general, tanto en la ciudadanía como en los distintos sectores, y es que de acuerdo a fuentes oficiales, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), serían las organizaciones políticas más beneficiadas con el financiamiento público aprobado por el Consejo General del Organismo Público Electoral (Ople), para el ejercicio fiscal 2018.
En el acuerdo que votó unánimemente el pleno en sesión extraordinaria, del total de 488 millones 322 mil 486 pesos que se destinarían a prerrogativas para actividades Ordinarias, específicas y gastos de campaña el próximo año, al PAN le corresponderían 120 millones 848 mil 101 pesos.
Mientras al tricolor le darían 107 millones 445 mil 301 pesos y al Morena 105 millones 202 mil 21 pesos. Así el Partido de la Revolución Democrática (PRD), recibiría 50 millones 953 mil 388 pesos y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 46 millones 195 mil 691 pesos.
En cuanto a las campañas de elecciones federales del 2018, el PRI será el que mayor financiamiento reciba tanto para sus actividades ordinaria y específicas en el ejercicio fiscal de 2018, como para las campañas de las elecciones de Presidente de la República, diputados federales y senadores.
De acuerdo con el proyecto aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y que será remitido al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación dentro del Programa de Egresos de la Federación, son 6 mil 788 millones de pesos lo que solicitarán para todas las organizaciones políticas, siendo la tricolor más beneficiada.
Al PRI le corresponderían mil 689.59 millones de pesos, de los cuales, mil 94 millones de pesos serán para actividades Ordinarias, 32.85 millones de pesos para actividades específicas y 547.45 millones para gastos de campaña de los comicios del 1 de julio de 2018.
Asimismo, al PAN le darán mil 281.11 millones de pesos, siendo 827.92 millones para actividades Ordinarias, 24.84 millones para las específicas y 413.96 para gastos de campaña.
A los partidos de la Revolución Democrática y Morena, se les destinará 773.58 millones de pesos y 649.22 millones de prerrogativas Ordinarias y extraordinarias. El Partido Verde Ecologista dispondrá de 578.20 millones, mientras que el Movimiento Ciudadano, 537.02 millones y Nueva Alianza, 419.11 millones de pesos.
Encuentro social (PES) le corresponderá 398.37 millones y al Partido del Trabajo (PT), 376.77 millones de pesos.
