El quinto tribunal unitario en materia penal de primer circuito, negó el amparo que solicitó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por lo que es constitucional el auto de vinculación a proceso por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Diversos diarios nacionales reportan que, con base en los más de 80 datos de prueba presentados en julio pasado, por el Ministerio Público, revelan que habría existido una organización criminal dedicada a desviar recursos públicos durante su administración.
De esta manera, el tribunal federal desestimó las razones por las cuales el exmandatario señalaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia de vinculación a proceso, de manera que existen elementos suficientes para continuar con la investigación.
La PGR acusó a Duarte de ser responsable de encabezar una red delictiva por la que habría desviado al menos 223 millones de pesos de recursos públicos y que se habrían canalizado a empresas “fantasma”.
Con base en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, entre 2012 y 2013, a través de las secretarías de Educación y Salud, se otorgaron contratos en procesos simulados de adquisición por diversos rubros que no se llevaron a cabo.
Medios de comunicación como Animal Político, dieron cuenta que, con base en el seguimiento de las operaciones bancarias, la PGR estableció que la empresa Consorcio Brades simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio en Campeche.
Dichos terrenos ejidales eran propiedad de prestanombres de Duarte que fingieron ser ejidatarios, entre ellos el empresario Moisés Mansur y el abogado fiscalista José Juan Janeiro Rodríguez.
Hay que recordar que los delitos por los que el Juez otorgó la orden de aprehensión en octubre del año pasado, en contra del exmandatario veracruzano, fueron delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y en aquel momento la defensa acusó a la PGR de querer modificar el tipo penal por el que se extraditó Duarte de Guatemala.
El despacho del exmandatario argumentó que en la extradición de la nación centroamericana se ocultó la información sobre la forma en la que habría sacado dinero del erario público, para meterlo al sistema financiero mexicano.
La defensa señaló que la PGR pretendiera reformularle la acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada, ya que el lunes pasado dijo que tenían su origen en desvíos del erario por 38.5 millones de pesos y que ahora se tratan de mil 670 millones de pesos.
Marco Antonio del Toro consideró que no podía permitirse que el Ministerio Público pretendiera modificar la imputación del lunes y este sábado quisiera hacerlo de otra manera.
«Tenemos una postura un tanto grave del Ministerio Público; hoy presenta una serie de cuestiones que no fueron objeto de la imputación, pretende desdibujar lo del lunes y reformular la imputación», señaló el abogado.
Puso en evidencia que en la carpeta de investigación se les otorgó la transcripción de la declaración del testigo Alfonso Ortega, pero no le dieron los videos de forma inmediata.
Al reanudarse la audiencia, después del segundo receso, la defensa explicó que cuando les dieron los videos, éstos no correspondían con la transcripción y que son cosas totalmente distintas.
De esta manera, los abogados manifestaron que se trata de una prueba ilícita que había sido plantada en la carpeta de investigación.
Cuestionó que de los 82 datos de prueba que presentó la PGR, incluido el testamento de Moisés Mansur y en el que le hereda todos sus bienes a Duarte y en su ausencia, a su esposa Karime Macías, era de septiembre de 2016; sin embargo, fue inscrito en 2006, una década antes. Además, fue cancelado en 2010, antes de que fuera gobernador.
