La integrante Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Estela Casados González, señaló que con la segunda alerta de Género queda evidenciada la prevalencia de los feminicidios en Veracruz, las formas y saña con la que son perpetrados, la falta de acceso a la justicia para las familias de víctimas, el incremento de las muertes maternas entre otras violaciones que perjudican principalmente a las mujeres pobres por lo que con su omisión, las autoridades veracruzanas comprometen internacionalmente al Estado Mexicano por violentar los derechos de las mujeres, lo que puede derivar en consecuencias y responsabilidades frente a tratados, convenios y acuerdos internacionales.
En rueda de prensa, integrantes del colectivo exigieron el cumplimiento inmediato y efectivo de la segunda declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado que fue emitido a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) apenas este miércoles, esto ante la inacción de los tres niveles de Gobierno en el estado para atender las recomendaciones para garantizar así el derecho de las mujeres a la salud reproductiva.
En rueda de prensa, las activistas pidieron a los tres poderes de Gobierno, las garantías de cómo se cumplirá la alerta, con acciones y tiempos específicos donde permanentemente puedan estar rindiendo cuentas sobre su trabajo tanto a la Conavim, a la Comisión Especial de Alertas y a las organizaciones peticionarias.
Además de solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que genere un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de esta alerta.
Estela Casados dijo que la declaratoria de violencia de género por Agravio Comparado es muestra del desinterés por parte de gobierno de Veracruz por atender los problemas de género que persisten en la entidad.
Recordó que en 2016, la Conavim decretó la primera alerta de género por violencia feminicida donde se hacían diversas recomendaciones para la administración pública que se tenían que acatar; entre ella garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la cuál se hizo caso omiso.
«Las autoridades se negaron a modificar un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres y a generar políticas públicas que garanticen la salud reproductiva y la implementación efectiva de las causales de aborto, lo que atenta contra la vida, integridad y dignidad de las mujeres».
Subrayó que el gobierno estatal ignoró recomendaciones internacionales entre ellas, la realizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Mecanismo de seguimiento que recomendó despenalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos o producida por violación.
Explicó que la declaratoria se da luego de una evaluación que se realiza a partir de los indicadores de un grupo de trabajo donde se exige dar seguimiento a las recomendaciones emitidas a los tres órdenes de gobierno del Estado.
Y detalló que al poder legislativo se le está solicitando analizar y reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, propuesta presentada por el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional.
Además de que el Ejecutivo debía implementar políticas públicas armonizadas con la Ley General Estatal de Víctimas y norma 046 además de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso a la justicia.
En cuanto a las recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, recomendó elaborar un programa ILE que garantice la coordinación institucional efectiva para su acceso sin dilación, garantizando el acceso desde una perspectiva integral de salud.
En el sector salud dijo, se solicitó difundir el reconocimiento de la ILE como un acceso al que las mujeres tienen derecho, mismas que no fueron acatadas en la primera alerta.
Agregó que fue permisivo para que la jerarquía católica y los grupos de derecha amenzaran para el cumplimiento a las recomendaciones.
Ante este panorama sostuvo que de ser necesario acudirán al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer (Cedaw) de la ONU el cual evaluará el próximo año al Estado Mexicano.
«Cabe mencionar que la inacción de los tres niveles de gobierno en Veracruz puede provocar el inicio de juicio político contra el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares así como contra diputados de la legislatura».
