El Frente Nacional por la Familia exigió detener la «indebida injerencia de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que una vez más pretende legislar en Veracruz para imponer el aborto».
A continuación el comunicado completo:
A LA OPINIÓN PÚBLICA
¡DETENGAMOS LA INDEBIDA INJERENCIA DE LA SEGOB EN LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ!
Con relación a la DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR AGRAVIO COMPARADO, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, emitida el pasado 13 de diciembre por la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN del gobierno federal, las organizaciones civiles coaligadas en el FRENTE NACIONAL POR LA FAMILIA, en el Estado de Veracruz, informamos a la opinión pública lo siguiente:
1. Exigimos a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Veracruz para que en uso de la representación señalada en los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, defiendan la soberanía y libertad del Gobierno de Veracruz en todo lo concerniente a su régimen interior, con el objeto de detener la indebida injerencia de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que una vez más pretende legislar en Veracruz para imponer el aborto.
2. Puntualizamos también, que el Gobierno de Veracruz tiene la obligación de acatar lo mandatado en el artículo 4° de la Constitución de Veracruz, que expresamente señala en su segundo párrafo que: “El estado garantizará el Derecho a la vida del ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos; salvo las excepciones previstas en las leyes”. Por lo que, respecto a las excepciones previstas en las leyes, y concretamente en nuestro Código Penal, el poder soberano para legislar sobre esas excepciones, ya se pronunció el pasado 28 de septiembre, cuando el Congreso del Estado de Veracruz votó en contra de la iniciativa de reforma a los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, que un grupo de diputados presentó en el mismo sentido de las conclusiones y propuestas realizadas por el grupo de trabajo conformado por la COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), con el propósito de despenalizar el aborto hasta la décima segunda semana de gestación. La respuesta de los legisladores fue contundente, con el voto de todos los diputados presentes, 27 en total, en esa histórica sesión.
3. Es inadmisible que, expresada la voluntad soberana del constituyente de Veracruz, que pugna por el respeto a la vida desde la concepción (inicio del embarazo), con el manifiesto apoyo popular de los veracruzanos, se pretenda ahora forzar esta voluntad soberana, con una “declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado” al feminicidio, cuando es manifiesto que se cometen únicamente, tratándose de las niñas que son asesinadas cruelmente mediante el aborto.
4. La SEGOB y la CONAVIM en alianza con grupos proabortistas, como minoría empoderada, ofende a las mujeres y a todas las organizaciones comprometidas en la defensa de las mujeres y su no discriminación, manoseando ideológicamente la alerta de género, instrumento vital para la defensa de las mujeres, para un propósito deplorable, violatorio de los principios de humanismo, que distinguen a los veracruzanos.
5. A la vez que reconocemos a los diputados que ya desecharon las conclusiones y propuestas del Grupo de Trabajo de la CONAVIM, y al Instituto Veracruzano de las Mujeres, por su sensibilidad y apoyo razonado a favor de la vida, pedimos al Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, que fije un posicionamiento político y legal respecto de los “resolutivos” contenidos en la declaratoria de alerta emitida por la SEGOB, al efecto de que la Federación respete la soberanía de Veracruz.
6. Los veracruzanos, somos un pueblo amante de la vida y de la paz; no nos doblegamos a la agenda de control poblacional que políticos corruptos pretenden imponernos para debilitar nuestro futuro. Queremos políticos que nos representen, que defiendan la vida de los niños concebidos y promuevan políticas públicas para apoyar y proteger a las mujeres embarazadas.
