La juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez dictó auto de vinculación a proceso en contra del exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, por los deditos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legar en agravio de la administración pública, por haber, presuntamente autorizado de forma ilegal la modificación del contrato para la ampliación de la Torre Pediátrica en favor de la empresa constructora Gran Marka, cuyo representante legal es César Augusto «N».
Durante la audiencia de vinculación a proceso la Juez determinó que el exfuncionario incurrió en dichos delitos porque era su obligación administrar los bienes destinados a la Torre y no evitó el contrato para continuar la ampliación, sabiendo que se podía lesionar el patrimonio estatal, de manera que en su resolución no modificó las medidas cautelares de un año de prisión preventiva y otorgó además un plazo de 6 meses de investigación complementaria.
Luego de tres horas de receso, la Juez determinó también que Nemi Dib aprobó los cambios originales al proyecto de construcción en cumplimiento de las órdenes del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, ello con base en el oficio girado en fecha 28 de octubre de 2013.
Durante la audiencia se dio a conocer que el monto de la ampliación de Torre Pediátrica fue de 186 millones 767 mil 484 pesos, pero presuntamente nunca se justificó la ampliación del contrato toda vez que «no existió condición extraordinaria» para tal fin como lo marca la Ley de Obra Pública, violando de esta forma dicho precepto legal.
Sosa Jiménez indicó que con base en dicho ordenamiento legal no se podían modificar los plazos ni los montos de la obra, y se prueba la violación con base en el oficio de octubre donde se adjudica de forma directa y se otorga el supuesto contrato.
La Juzgadora dio a conocer que con base en los testimonios del testigo protegido número 3 y de María del Rocío Flores Bello, tanto Juan Antonio Nemi Dib y Pablo Anaya, exsecretarios de Salud, se autorizaron modificaciones de la construcción del edificio ubicado en la calle 20 de noviembre, colonia centro del puerto de Veracruz.
La titular del órgano jurisdiccional acreditó que Juan Antonio Nemi en todo momento tuvo conocimiento de los hechos porque era el presidente del Comité de Construcción de Espacios de Salud, cuyo titular era Pedro Medina, quien -es pertinente mencionar- habría sido exonerado de los cargos o habría obtenido el beneficio de los órganos jurisdiccionales federales para evitar su detención.
El presunto perjuicio del erario público es de 110 millones 982 mil 413 pesos y en ese sentido también refirió Sosa Jiménez que existe un adeudo a la empresa constructora por 42 millones 339 mil 319 pesos.
Reconoció que Nemi Dib solicitó auditoría a la Contraloría General del Estado, pero ésta fue hasta el 17 de septiembre de 2014, es decir, casi 11 meses después de la modificación del contrato.
Explicó que si bien, Nemi argumentó que no manejó los recursos por tratarse de un organismo independiente y con patrimonio propio, es cierto que la Sefiplan fue la dependencia que se encargaba de dispersar los recursos a las demás dependencias, entre éstas la Secretaría de Salud porque así se presupuestaba de forma anual.
Determinó que la Fiscalía General del Estado acreditó con datos de prueba suficientes, pertinentes e idóneos la autoría material y voluntario al ser quien ordenara las modificaciones sin respetar la norma.
