La Procuraduría General de la República acusó que el lavado de dinero supuestamente realizado por el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto “N”, causó un daño total de 900 millones 99 mil 418.17 pesos al erario.
Ello, porque al comparecer, el ex funcionario solicitó mantener la reserva de sus datos personales.
Durante la audiencia inicial en la causa penal número 381/2017 iniciada contra el ex mandatario estatal por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PGR indicó que Roberto “N”, apoyado por personas de su confianza tales como familiares, amigos y ex servidores públicos ocultó o pretendió ocultar bienes adquiridos de manera ilícita.
La diligencia se realizó en el expediente que ordenó su extradición proveniente de Panamá, país que lo entregó esta tarde a las autoridades mexicanas.
Los fiscales encargados del caso adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR afirmaron que Roberto “N” supuestamente adquirió 22 predios que formaban parte de la reserva natural del estado de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), que dio acceso a los terrenos a prestanombres y empresas fachada del ex gobernador.
Los fiscales encargados del caso adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR afirmaron que Roberto “N” supuestamente enajenó a precios inferiores 22 predios que formaban parte de la reserva natural del estado de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), encabezado por Claudia Romanillos, para beneficiar a prestanombres y empresas fachada del ex gobernador.
“El señor, Roberto Borge estructuró a las personas para realizar el delito que se le imputa”, dijeron.
“Para precisar, ideó y ejecutó el plan para la adquisición y enajenación para el ocultamiento de los predios con ayuda de otros, por lo que es coautor”, indicó el fiscal encargado del caso.
Por ello, los fiscales consideraron a Romanillos como coautora del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e informaron que de los 22 predios sólo existe certeza del ocultamiento de tres, uno de ellos adquirido por María Rosa Yolanda Angulo Castilla, pues el resto fue asegurado por la PGR.
Su defensa, encabezada por los abogados Antonio Collado y Javier López García, informó que Roberto “N” padece un daño renal que le obliga a ir continuamente al baño por lo que luego de que los fiscales solicitaron vincular a proceso al ex funcionario por lavado de dinero, el juez decretó un breve receso tomando en consideración la salud del imputado.
A pesar de que Roberto “N” fue presentado ante el juez de control, Enrique Beltrán Sentés, en cumplimiento de la orden de aprehensión que emitió en su contra, el ex gobernador cuenta con una suspensión concedida por un juez de amparo que tiene el efecto de que su comparecencia fue en su calidad de hombre libre, es decir, que voluntariamente acudió a enfrentar la justicia ante el juzgador que lo requirió.
