En el 2017, la deuda que contrajeron las entidades federativas del país se enfocó principalmente en el refinanciamiento, es decir, adquirir nuevas obligaciones para pagar endeudamiento pasado, cuya estrategia, según los gobiernos locales, es obtener mejores condiciones de mercado (tasa de interés baja).
Así, en el periodo de referencia el financiamiento que contrataron los estados es el mayor monto desde que se tiene registro, en 1995, que ascendió a 144,402.4 millones de pesos, que significó un aumento anual de 101.6%, la mayor variación en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Fueron 184 obligaciones inscritas por 28 estados de la República. En este escenario, Veracruz es el territorio que más deuda obtuvo con 29.8% del monto total; mientras que 20.7% correspondió a Nuevo León; 7.4% a Michoacán; 6.6% a Tamaulipas; 4.8% a Zacatecas, y 4.4% a la Ciudad de México.
De los 144,402.4 millones de pesos, 58.1% se destinó al refinanciamiento de las entidades, municipios u organismo que contrajeron la obligación, es decir, 83,828.4 millones.
Para cubrir necesidades de corto plazo se aplicó 19.9%; para inversión pública productiva, 9.2%; para insuficiencias de liquidez de carácter temporal 7.9%, y para inversión pública productiva/refinanciamiento 5.0%, sin especificar peso de cada variable.
Los rubros cubrir necesidades de corto plazo e insuficiencia de liquidez de carácter temporal son créditos con plazos inferiores a un año.
Una de los focos rojos es la inversión pública. En el 2017, de cada 100 pesos de deuda, sólo 9.2 pesos de dirigió a este apartado, que se define como toda erogación a través de la cual se genere un beneficio social.
La finalidad es la construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio público; la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes, comprendidos en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, maquinaria y la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, como vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.
Al respecto, José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), dijo que el endeudamiento al que incurrieron algunos estados en años previos hoy está generando un círculo vicioso.
“Como varios de ellos no generaron el crecimiento económico suficiente, por parte de la recaudación fiscal, para pagar el endeudamiento, hoy tienen que seguir manteniendo la deuda y además enfrentar el incremento en el pago de los intereses. La deuda se ha vuelto sistemática”, indicó.
Asimismo, Raymundo Tenorio Aguilar, investigador del Tecnológico de Monterrey, añadió que buena parte del incremento anual en endeudamiento se trata de redocumentación, es decir, créditos que vencieron en el 2017 y fueron renovados por el mismo monto más la capitalización de intereses.
El director del Idic explicó que el refinanciamiento es un acto insostenible debido a que conforme incrementan las tasas de interés, aumenta la asignación de recursos, lo cual obliga a las entidades a hacer un ajuste en sus finanzas públicas, mismo que no les permite crecer.
DEUDORES
Por estado deudor, en Veracruz, en primer lugar, 89.2% del monto solicitado se ocupó en refinanciamiento, ya que, según Tenorio Aguilar, la actual administración se quedó sin recursos frescos para cumplir con sus acreedores; 0.4% se destinó a inversión pública.
En tanto, Meléndez Aguilar mencionó que el endeudamiento elevado del territorio veracruzano se debió también a que algunos sectores importantes para su economía cayeron durante el 2017, lo cual generó presiones al gobierno estatal.
En el caso de Nuevo León, la segunda entidad más endeudada el año pasado, 55.5% de las obligaciones financieras se contrató para refinanciamiento, 27.7% para necesidades de corto plazo, 15.1% para inversión pública productiva y 1.7% para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Sin embargo, sobre esta entidad, el analista del CIEP advirtió que requiere un mayor reordenamiento en su liquidez porque por años financió su déficit con deuda y ahora, a partir de este 2018, ya no podrá hacerlo por los candados de la Ley de Disciplina Financiera.
Sobre Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas, que se posicionaron entre los principales estados con mayor monto de financiamientos, de la Cruz Gallegos refirió que su bajo nivel de crecimiento y desempeño modesto de la actividad productiva limitan su capacidad de crecer, lo que se ve reflejado en su escasa recaudación de recursos.
DESATENCIÓN
El investigador del Tecnológico de Monterrey puntualizó que a nivel federal el 2017 fue el año históricamente más bajo destinando recursos de inversión pública productiva con proporción del Producto Interno Bruto.
“El tamaño del gasto corriente de este gobierno federal es tan grande que ha desatendido la inversión pública, pensando que la inversión privada la sustituiría”, manifestó.
Ante este panorama, el director del Idic opinó que los estados tienen pocos programas de inversión física, de impulso a la infraestructura y la construcción, “lo que acaba implicando que el endeudamiento sea improductivo y acabe siendo de poco impacto para el crecimiento, por ende, después es difícil de pagar”.
No obstante, Chiapas, el Estado de México y Morelos, expuso, destacaron por contratar financiamientos en el 2017 por concepto de inversión pública a raíz de los terremotos de septiembre pasado.
MODIFICACIÓN EN ESQUEMA ORIGINAL
Recortan calificación de Chihuahua
Moody’s bajó las calificaciones de la nueva estructura de deuda del estado de Chihuahua a “Baa2/Aa2.mx” de “Baa1/Aa1.mx”, debido a un cambio en el esquema original.
La entidad utilizará la estructura para contratar hasta 20,404 millones de pesos mediante un crédito sindicado, el cual tendrá un vencimiento a 19 años y será pagadero mediante pagos mensuales de interés y principal sin periodo de gracia.
Los recursos del crédito serán utilizados para refinanciar parte de la deuda de largo plazo insoluta de Chihuahua.
“Moody’s analizó el borrador de la documentación legal de esta emisión de deuda y asignó calificaciones suponiendo que no habrá una variación importante en los borradores analizados y que todos los contratos serán legalmente válidos, obligatorios y ejecutables”, indica la calificadora a través de un comunicado de prensa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La disminución de la calificación fue por un cambio en la estructura original, la cual tomaba en cuenta una garantía parcial de un banco “A3” que prevenía un potencial incumplimiento. Bajo la garantía, señala la agencia, el banco hubiera cubierto cualquier faltante potencial adeudado a los acreedores, incluyendo montos de interés y principal insoluto, por hasta un máximo de 15% del monto del saldo principal al momento en el que se hubiera detonado la garantía.
“Sin embargo, esta estructura se modificó quitando la garantía. Las calificaciones de deuda de “Baa2/Aa2.mx” reflejan la calidad crediticia subyacente del estado de Chihuahua (“Ba3/A3.mx”, perspectiva Negativa)”, señala.
Lo anterior se respalda por mejoras crediticias establecidas en la documentación preliminar del crédito, como una fuerte estructura de fideicomiso que se basará en una instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación para que transfiera los derechos y flujos de los ingresos del fondo general de participaciones de Chihuahua al fiduciario.
También se considera, bajo el escenario base de Moody’s, que los flujos de efectivo estimados generan una cobertura de servicio de la deuda de 3.0 veces en el punto más bajo de la vida del crédito, así como el sólido nivel de reservas equivalente a 3.0 veces el servicio mensual de la deuda, el cual provee un amplio colchón contra retrasos en los pagos. (Redacción)
