La justicia penal, como instrumento del Estado para castigar a quienes transgreden el orden jurídico socialmente aceptado por la humanidad, se ha vuelto compleja y confusa, debido a diversos factores de orden político, puesto que en algunos países tiene una vigencia estricta, rígida diversificada en tiempo y lugar, que dependiente del tipo de gobierno democrático o autoritario, no permite unificar los criterios universales de respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, para quienes llevados por la fuerza pública al banquillo de los acusados, resultan finalmente segregados de la humanidad y castigados a veces en forma severa, privándolos de su libertad y excepcionalmente de la vida; pero también muchos de los presuntos delincuentes, esquivando la aplicación sancionadora de la ley, en un régimen de impunidad y corrupción gubernamental.
La prisión ha sido considerada como “pieza fundamental” del arsenal punitivo del Estado; y en México, las cárceles en su mayoría se han convertido en “escuelas del delito” o en “universidades del crimen”, dejando atrás la Readaptación Social y más recientemente la Reinserción Social. Si la calle y la vagancia son formadoras de asaltantes, secuestradores, violadores, criminales y ladrones, la impunidad o tolerancia oficial que favorece a los malhechores es considerada como el mayor mal que la sociedad recibe de su gobierno; lejos ha quedado la prisión o el encarcelamiento de los delincuentes de su concepción inicial que la definía como “la pena de las sociedades civilizadas del siglo XIX”. Ni el progreso de las ideas, ni el capricho o desdén de los legisladores, han servido para endurecer o suavizar las leyes penales y sus procedimientos; sin embargo, la implantación, sin adecuada preparación, del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se ha prestado para la manipulación arbitraria de algunos jueces inmersos en la corrupción.
El amplio criterio que el Código Nacional de Procedimientos Penales deja al juzgador, permite a éste, sujetar a la prisión preventiva, solo a casos de excepción, en ilícitos que el gobierno desea combatir; pero en otros que también agravian y lastiman a la sociedad, los delincuentes recuperan inmediatamente su libertad sin haber cumplido con la terminación de un juicio, al encontrarse en libertad reinciden una y varias veces, y del producto del delito, pagan sus fianzas y vuelven a la calle con la idea de perfeccionar su conducta criminal. Una burla para la sociedad “dice la gente”; y la delincuencia pretende una justificación, al señalar a los políticos corruptos que con toda impunidad han saqueado al País entero, desde los tres órdenes de gobierno, Municipal, Estatal y Federal. Los ejemplos identificados con nombre y apellido, sobran y la falta de credibilidad en las Instituciones y el Estado Democrático de Derecho va en aumento.
Jueces y Magistrados del fuero común y federal en muchos casos en los que dejan libres a los presuntos delincuentes, se justifican señalando las deficiencias y la escasa preparación de los fiscales; y estos a su vez, acusan a los jueces de negociar y poner precio a la justicia. Puros delincuentes “de cuello blanco” , convertidos en amos y señores los negocios de procuración y administración de justicia.
Por su parte, los candidatos que se rasgan las vestiduras por alcanzar el triunfo el próximo primero de julio y llegar a la Presidencia de la República, no han fijado su posición sobre el tema de la inseguridad, impunidad y justicia; y ni siquiera han expresado alguna opinión, sobre el orden jurídico con el que piensan llevar la justicia al pueblo; y el pueblo aguantará hasta el límite de su pasividad misma que podría estar por acabarse, para dejar paso a la aplicación de la ley que nadie a podido abrogar, identificada como “Ley del Talión” equivalente al “Ojo por Ojo, Diente por Diente”.
