El Gobierno de Veracruz, los organismos públicos descentralizados (OPD) y los municipios, mantienen un adeudo de 8 mil 713.1 millones de pesos con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), reveló el auditor Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, al comparecer ante los diputados del Congreso Local.
Al dar contestación a la legisladora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, expresó que el Ejecutivo del Estado mantiene un pasivo por 8 mil 700.3 millones de pesos con el IPE, de déficit presupuestario.
Mientras que los OPD y los ayuntamientos, le deben 825.8 mdp por cuotas y aportaciones, esto de acuerdo con el informe de resultados de la cuenta pública 2016.
“¿Qué le debe el estado al IPE?, son 8 mil 700.3 mdp, por lo que si sumamos los 825.8 mdp que le deben los OPD y los municipios, y la Sefiplan incluye los déficit presupuestarios, le debe 7 mil 887.3 mdp, en total al IPE se le deben 8 mil 713.1 mdp”, detalló
Portilla Vázquez expuso que cuando auditaron las cuentas del IPE, detectaron que los recursos de la reserva técnica fueron usados para otros fines distintos a los que estaba destinada, situación que fue denunciada.
“Y esas denuncias que presentamos equivalen a un monto de mil 439.8 mdp y otra por 2 mil 700 mdp, hemos presentado dos denuncias de la cuenta pública 2015 y de la cuenta consolidada están los 240 mdp que se le prestaron”, abundó.
Por cuanto a los supuestos sobornos que le di Odebrecht a la anterior administración estatal, Griego Ceballos lo cuestionó para saber si ello ha sido investigado por el Orfis y también si ha investigado lo relacionado con el Grupo MAS, de la cual la empresa brasileña es socia; a lo cual respondió que lo que hicieron fue revisar el título de concesión otorgado para el manejo del servicio potable en Veracruz Puerto.
“Lo que se hizo fue revisar el título de concesión que se le otorgó al Grupo MAS y ante la problemática presentada en el Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS), Veracruz- Boca del Río, a la concesión al Grupo MAS, realizamos dos auditorías de legalidad, la primera relacionada con el procedimiento de licitación internacional y la segunda, respecto de la primer adendum al titulo de concesión, esto durante la revisión de las cuentas públicas 2015 y 2016”, respondió.
