Por el robo de un teléfono celular y ante la tardanza de los oficiales de policía que tienen a su cargo la vigilancia en el mercado más grande de México, para arrestar a un joven ladronzuelo que quedó herido de gravedad por el linchamiento de una multitud de comerciantes y compradores de dicho Mercado, azuzados por los gritos de la afectada, lo golpearon sin misericordia, recuperaron el objeto robado y en los pasillos quedó inconsciente hasta que llegaron los paramédicos de la Cruz roja para aplicarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital.
La justicia por propia mano, equivalente a la comúnmente conocida como “ley del talión”, ha quedado superada desde que la sociedad aceptó que el orden público corresponde al estado su aplicación y que cuando se comete un delito, para mantener la paz y evitar venganzas personales que solo agrandan los conflictos, es a través de los tribunales de justicia como se debe castigar al responsable con la penalidad prevista en la ley, cuidando que al ofendido o agraviado se le indemnice de acuerdo a lo establecido en la ley de víctimas.
Ante el crecimiento imparable de la delincuencia y aplicando sus propias leyes, han aparecido
Policías comunitarios, autodefensas o como se les quiera llamar, quienes en tanto no formen parte de los activos de los cuerpos de policía municipales, estatales o federales, no pasarán de ser personas armadas, fuera de la ley que usurpan la función de la policia, que es la única institución encargada de la vigilancia pública y de la protección ciudadana.
La inseguridad que se vive en todo México, a través de los asalto, levantones y secuestros, va en aumento y en medio del actual proceso electoral, ninguno de los candidatos ha presentado una propuesta para detener a los delincuentes y llevarlos a prision, sin que los proteja la impunidad propiciada por las fiscalías y los jueces, quienes aprovechando las lagunas legales del nuevo sistema penal acusatorio, otorgan con la mayor facilidad otorgan la libertad para enfrentar los procesos desde su casa y sin pisar la carcel , a cambio de dádivas económicas que garantizan impunidad a toda clase de delincuentes, principalmente a los reincidentes. De tal suerte que mientras el Estado, sus cuerpos de policía, sus fiscalías y sus tribunales no cumplan con su función, los linchamientos seguirán ocurriendo por los que reclaman Justicia.