Antes de cerrar la agenda de trabajo del Presidente Peña Neto, tendrá que resolver el problema social más importante de su administración, que ha hecho crisis en los últimos meses y que se refiere al desplazamiento forzado que obliga a miles de familias a huir de sus hogares, para ponerse a salvo de actos criminales y violaciones a Derechos Humanos, suscitados con saldos tan graves, como la muerte, desaparición de personas, violaciones a mujeres y a menores de edad, sin que el Estado a través de la CNDH hayan puesto el remedio en tiempo y forma.
El Senado de la República, en sesión celebrada el día de ayer, apenas tuvo a bien involucrarse en este delicado asunto, y en comisiones, como se acostumbra siempre que “no se quiere resolver un problema”, se turnó para su estudio y dictamen el tema de los desplazamientos forzados y los daños en la salud y en la vida de miles de connacionales, agraviados por grupos crimínales, que además de obligar a la gente a abandonar sus hogares y sus pertenencias, deja en total indefensión a los habitantes de pequeños poblados del medio rural.
No conformes los grupos criminales y los llamados “Autodefensas” con el desplazamiento forzado que obliga a las familias a huir de sus lugares de residencia, la destrucción de sus viviendas y el sacrificio del ganado o sembradíos que constituyen el único patrimonio de esas personas, se los apropian indebidamente para supuestamente “apoyar la causa”.
Además del Robo de bienes materiales, han sido víctimas de secuestros, extorsiones, amenazas, pero sobre todo, les han robado la ilusión de vivir en la tierra donde nacieron; las víctimas son mayoritariamente mujeres, madres de familia que tienen bajo su responsabilidad maternal, niñas, niños y adolescentes que truncan sus estudios y su formación educativa en el seno familiar, calculándose en los últimos tres años, cerca de 50 desplazamientos en distintos lugares del territorio mexicano, con una afectación directa a casi 80 mil personas que no han encontrado la protección a sus derechos humanos por parte del gobierno.
De poco o nada servirá que el Senado de la República, cuya función termina el 31 de agosto próximo, haya aprobado el dictamen suscrito por la Senadora Diva Gastelum en donde se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la PGR, “un informe” de las acciones ejecutadas para contrarrestar el desplazamiento forzado.
