Aún con el posible veto adelantado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, los diputados del Congreso local aprobaron las reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley 287 de Pensiones del Estado con la que se busca que el Ejecutivo veracruzano cubra el déficit que tiene con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
El dictamen, avalado por los 42 diputados presentes en la sesión ordinaria de este jueves, proviene de la iniciativa presentada el pasado 11 de junio y elaborada tras nueve meses de trabajo que sostuvieron legisladores locales con representantes de 30 sindicatos de jubilados y pensionados de la entidad.
Los cambios a la referida normativa establecen la creación de un Comité Financiero y un Comité de Vigilancia, la intervención del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, un Consejo Directivo, modificar las bases para préstamos hipotecarios y realizar una inversión asertiva de los recursos del Instituto.
Además especifica que el Consejo Directivo del IPE se integrará por 17 miembros: cinco representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del Ejecutivo; uno de los cuales será el Director General del Instituto; un diputado del Congreso del Estado; ocho representantes de los organismos sindicales con representación estatal afiliados al Instituto, y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados reconocidos por el Instituto.
Dicho Consejo Directivo tendrá como funciones: aprobar los planes, programas administrativos y financieros; revisar periódicamente el esquema de jubilación y pensiones; decidir la política financiera y administrativa del IPE; ordenar la publicación trimestral de los estados financieros; presentar un informe después de cada sesión; rendir un informe anual sobre el funcionamiento y patrimonio del Instituto; así como presentar al Comité de Vigilancia un informe anual sobre el estado que guardan las finanzas y los fondos.
Por su parte, el Comité Financiero estará integrado por siete miembros: el director del IPE, un representante de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), un representante de la Contraloría General del Estado, dos representantes de los sindicatos y dos representantes expertos en materia financiera. Dichos expertos integraran el Comité hasta por dos años, pudiendo ser ratificados hasta en dos ocasiones.
Sus obligaciones serán las proponer las políticas de inversión y manejo de los recursos financieros del Instituto; participar en la elaboración del programa anual de inversiones del Instituto, supervisar la celebración de los contratos con los intermediarios financieros y respecto de las operaciones de inversión.
Se encargará también de presentar al Consejo Directivo las propuestas de tasas de interés para los préstamos de corto, mediano y de largo plazo; evaluar las propuestas de adquisición de bienes o desincorporación de activos de acuerdo a los estudios financieros correspondientes; evaluar el proceso de inversión, monitorear en forma permanente su desempeño y proponer los controles y estándares aplicables a fondos de la reserva.
Le competerá adicionalmente examinar los estados financieros y la valuación actuarial del Instituto; revisar y dictaminar sobre los informes trimestrales de la reserva técnica que presente el Director del Instituto; presentar un informe anual sobre la situación financiera del Instituto; así como proponer al Consejo Directivo, las medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficiencia en el manejo de los recursos financieros del Instituto.
Entre tanto, el Comité de Vigilancia estará integrado por 13 miembros: seis de ellos designados por el Ejecutivo estatal; un representante del Instituto, nombrado por el Consejo Directivo, cinco representantes de las organizaciones sindicales, y un representante de las asociaciones de jubilados y pensionados. El Consejo Directivo designará de entre los miembros de la Comisión de Vigilancia, a quien debe presidirla.
Y se abocará a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto; revisar y dictaminar sobre el estado que guarda el patrimonio del Instituto; cuidar que las inversiones y recursos del Instituto que se encuentren en los fondos de reserva se destinen a los fines previstos; revisar la información relativa al entero de Cuotas y Aportaciones.
Tendrá que revisar que el otorgamiento de las pensiones se realice de conformidad con lo que establece la ley; presentar informes trimestrales sobre el ejercicio de sus atribuciones; informar al Consejo Directivo sobre la irregularidades que se detecten con motivo del ejercicio de sus funciones; así como disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo auxiliarse con las áreas afines del propio Instituto.
Al pasar a ser un órgano descentralizado de la administración pública estatal, el IPE ahora contará con un Comité y una Unidad de Transparencia de acuerdo como lo establece la Ley General de transparencia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha Ley.
El Comité y la Unidad de transparencia cumplirán con las obligaciones, procesos, procedimientos y responsabilidades establecidas en mencionadas normas.
Independientemente de las obligaciones que establezca la normatividad al respecto, el Director General dará máxima publicidad en el portal del Instituto y por otros medios, a la siguiente información: estudios financieros y actuariales, auditorías externas e internas que se practiquen al Instituto, informes anuales del Director General, informes del Comité de Vigilancia, el estado del patrimonio del Instituto, los informes del Comité de Transparencia.
De acuerdo al principio de máxima publicidad las sesiones del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia serán públicas.
