Elba Esther Gordillo Morales, ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), podía disponer con total libertad del dinero que se le depositó proveniente de las cuotas gremiales puesto que por su jerarquía no se le cuestionaban sus gastos personales, afirmó Soralla Bañuelos de la Torre, ex coordinadora del Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos de esa organización, quien fue interrogada el 15 de enero de 2015 en la causa penal 11/2013 que se inició contra la ex lideresa por lavado de dinero y delincuencia organizada.
En el expediente, la defensa de Gordillo Morales exhibió al juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales diversas actas del SNTE en las que fueron autorizados los depósitos que la Procuraduría General de la República (PGR) consideró como “inusuales” y por los que inició una averiguación previa.
En los testimonios ofrecidos por el abogado Marco Antonio del Toro, integrantes del SNTE como Bañuelos de la Torre y María Sanjuana Cerda Franco, ex integrante del Colegiado de Administración y Finanzas del sindicato, organismo encargado de librar cheques y manejar las cuentas bancarias del Comité Ejecutivo Nacional y Órganos Nacionales de Gobierno; se confirmó que los depósitos son una práctica legal autorizada.
“Gordillo Morales, en su carácter de presidenta nacional del sindicato, ordenaba quién debía firmar los cheques en su representación de acuerdo al estatuto, pero desconocía si ella personalmente firmaba algún cheque o tenía alguna cuenta bancaria”, indicó Bañuelos de la Torre, hoy secretaria de la Sección 34 del SNTE.
Agregó que el secretario general del SNTE, Juan Díaz De la Torre, en la época en que Gordillo Morales encabezó la presidencia, tenía injerencia en los cheques y el manejo de cuentas.
Según Bañuelos de la Torre, del programa anual de ingresos y egresos que aprobaba el Consejo Nacional del SNTE existía una partida especial para gastos de representación y operación de cada uno de los órganos de gobierno, incluida la presidencia nacional ostentada por Gordillo Morales.
“Los gastos que eran autorizados por el Consejo Nacional del SNTE a favor de la presidencia del referido sindicato referente a la representación y operación eran los que se podían contemplar, eran los necesarios para el desempeño de la función sindical, no había una precisión estatutaria que dijera cuáles eran los rubros, pero se entendían que eran los necesarios para la realización del trabajo sindical”, dijo.
Algunos de los gastos documentados entre 2009 y 2012 por la PGR fueron pagos por 80 mil 696 pesos a nombre de la maestra a la clínica Faces Plus Inc., dedicada a la realización de cirugías plásticas en San Diego, California; la tienda de lujo Neiman Marcus, en la que fueron adquiridos artículos por concepto de regalos para políticos y líderes del SNTE, y la clínica Uicsd Medical Center.
La apoderada legal del SNTE dijo desconocer si se realizaron esos gastos y las actividades de Gordillo Morales: “Las actividades que realizaba la presidenta del sindicato no se los comunicaban a los demás órganos de gobierno, ella era libre y además era un órgano superior jerárquico, a quien no le iban a preguntar sobre sus actividades personales”, precisó.
“Respecto a los artículos para los líderes, no sabía si hubo esa adquisición o esa compra, y al menos con los demás dirigentes sindicales con los que se relacionaba, no tenía conocimiento si se les obsequió algo en específico. Los actos de presidencia, esos sí se supervisaban o sí se debieron haber supervisado por el órgano de gobierno sindical correspondiente”.
La información bancaria que obtuvo la PGR para sustentar su acusación se refiere a movimientos financieros entre 2009 y 2012 en dos cuentas del SNTE que en ese periodo recibieron depósitos por 30 mil 644 millones 780 mil 959 pesos y 30 mil 650 millones 107 mil 30.84 pesos.
De ese dinero se efectuaron retiros y depósitos a cuentas bancarias de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, estos últimos aún están sujetos a proceso por las acusaciones contra la maestra mientras que la primera cambió su situación jurídica para convertirse en colaboradora de la PGR contra Gordillo Morales.
