En el primer año de su gobierno, Cuitláhuac García Jiménez no podrá pagar los adeudos que se tienen con los empresarios veracruzanos y es que afirmó que no contará con ese recurso para saldar los pendientes que se arrastran del sexenio de Javier Duarte de Ochoa con ese sector.
Por lo que reiteró que la cancelación de los pasivos se haría de manera escalonada a lo largo de los seis años de su mandato, ya que de otra manera es imposible cumplir con su promesa de campaña.
“Tiene que ser a fuerza de manera escalonada, no hay los recursos para que en el primer año se pague y saldría del ahorro por el plan de austeridad”, aseguró en entrevista previa a la reunión que sostuvo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
García Jiménez explicó que primero deberá analizar el estado de las finanzas que deja el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y posteriormente decidirá a qué empresarios se le pagará de acuerdo a la “urgencia” y los montos de los que se trate.
“Depende de las Finanzas y tenemos que ver cómo termina la actual administración y veremos cómo ir programando los adeudos. Dependerá mucho de la urgencia para muchos y de los montos para otros”, detalló.
El mandatario electo, que tomará posesión del cargo el próximo 1 de diciembre, dijo que se debe “auspiciar” la inversión y llegar a acuerdos con empresarios nacionales y extranjeros a fin de mejorar el desarrollo y generar empleos.
Estimó que en Veracruz podrían crearse 100 mil empleos derivados de la reforestación con árboles frutales que a nivel nacional se pretende establecer.
Por otro lado, dijo estar en desacuerdo con olibgar a los empresarios a contratar seguridad privada e instalar cámaras de videovigilancia en sus negocios, tal como lo propuso Yunes Linares al Congreso Local mediante un proyecto de ley.
“Si se les obliga no estoy de acuerdo porque son costosas y hay una situación económica difícil y no sería posible”, refirió al decir que por el contrario lo que se debe hacer es invertir mayor presupuesto para garantizar la seguridad en el estado y coordinar los esfuerzos entre el Ejecutivo y los ciudadanos.
