Desde que se inició el Programa de Reordenamiento de las Unidades de Transporte Público en 2017, la Dirección General de Transporte del Estado (DGTE), ha presentado al menos 19 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por la presunta falsificación de poderes notariales para llevar a cabo el reemplacamiento de las mismas.
Así lo reveló su titular, Rafael Eugenio Escobar Torres, quien dijo que tras la detección de esta irregularidad, se empezaron a revisar con más detenimiento los expedientes con los documentos que presentan los concesionarios.
“Hay carpetas de investigación porque falsificaron poderes notariales (…) una vez terminado el proceso de reordenamiento, empezamos a hacer la revisión exhaustiva de los expedientes tanto en papel, como en los documentos escaneados y pudimos constatar que habían falsificado, ahora sigue su proceso en la FGE y las concesiones están bajo reserva”, expuso.
El funcionario estatal apuntó que luego de esta revisión también se detectó que los números económicos, sobre todo de taxis, estaban duplicados hasta siete veces, por lo que tras la depuración se logró bajar en un 25 % el padrón de unidades, lo que representan casi 12 mil.
Escobar Torres además enumeró que de los 81 mil 700 títulos de concesión que estaban expedidos, hay un rezago de 12 mil a los que no se les ha dado la autorización para el reemplacamiento y otorgamiento del nuevo número económico, pero aclaró que de este total 7 mil no han presentado el vehículo, lo cual es imprescindible para el trámite.
Los 5 mil expedientes restantes, agregó, están en revisión y antes de que él los firme como aprobados, tienen que ser analizados por personal de la DGTE, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), la Contraloría General del Estado (CGE).
En sus palabras, afirmó que las 300 concesiones que el ex gobernador Javier Duarte había otorgado a su hermano y las 2 mil 600 que el último día de su gobierno, otorgó Flavino Ríos, también fueron rescindidas porque en muchos cosas no habían pagos ante la Sefiplan, “ni un papel partido por la mitad”.
Adicionalmente, reconoció que algunas inmovilizaciones de unidades se han dado de manera irregular, aunque justificó ello diciendo que ante la carencia de personal (son 103 en todo el estado), se apoyan de la Policía Estatal y la Fuerza Civil, quienes tienen formación para llevar a cabo otras acciones distintas.
En ese sentido, aseveró que si algún vehículo fue retenido de esta manera y aún contando con toda la documentación en regla, será liberado sin pagar la infracción y el corralón por el tiempo que estuvo ahí guardado.
