Al menos el 70 por ciento de los adultos mayores carecen de una pensión y del acceso a los servicios de salud y asesoría legal, siendo las mujeres las que concentran el mayor número de personas desprotegidas, estimó Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd).
En entrevista, agregó que ello se debe a que durante su vida no trabajaron en un empleo que les permitiera cotizar ante el IMSS o el Issste, y así acceder a los servicios sanitarios y dinero para su retiro.
“El gobierno tiene que hacer un censo real de cuánta población se encuentra en esta situación, yo diría que es aproximadamente un 70% de la población adulta mayor”, expresó previo al conversatorio “Los Derechos Humanos de las personas mayores y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Culebro aclaró que en esta cifra no se incluyen a los indígenas, a los campesinos o personas que viven en zonas rurales, y otras que aún viviendo en zonas urbanas se dedicaron a cuidar a los hijos y se amas de casa.
Tras esta realidad, dijo que es primordial crear una pensión universal que beneficie a dicho grupo poblacional, “para eso hay que hacer una política económica adecuada. Esta población está desamparada, por eso necesitamos hacer políticas públicas integrales”.
En sus palabras agregó si las instituciones y las leyes funcionaran en México, no se requeriría de un marco normativo especial, “desafortunadamente no es así”.
Dijo que desde el 2015, año en que se emitió la Convención Interamericana, se aguarda porque nuestro país la firme, lo que obligaría a generar políticas públicas en favor de este sector de la sociedad comúnmente excluido.
“Hay veces que los gobiernos se tardan muchos años en firmar instrumentos internacionales, esperamos que este nuevo gobierno realmente acorte los tiempos y la suscriba y con eso se comprometa de manera progresiva a implementar la convención y adecuarlas a las políticas públicas necesarias”, abundó.
Manifestó que las Secretaría de Salud (SS), debería atender y proteger de manera gratuita a los adultos mayores sin que una ley se lo ordene, sin importar el tipo de enfermedad que tengan o simplemente monitorear su estado físico.
“Además se necesita que los defensores públicos los atiendan (…) hay una insensibilidad en el sector familiar y ahí se da mucho el problema del maltrato. Tenemos que ir creando una cultura para eso, pero las mismas instancias que ya existen deberían crear esos mecanismos”, reiteró.
