Avala Congreso local creación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro

El Congreso local avaló la creación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE), misma que fue propuesta por su titular, Jorge Winckler Ortiz, el pasado 30 de julio.


Ello al aprobar las reformas a las fracciones XIII y XIV del artículo 15; la adición de una fracción XV al artículo 15 y el artículo 34 Bis a la Ley Orgánica de la FGE.


De acuerdo con los cambios, dicha Unidad Especializada que tendrá las facultades y atribuciones previstas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la Ley de la fiscalía, su Reglamento y demás normatividad aplicable.


Además contará con departamentos, áreas y un cuerpo técnico de control que además de las facultades establecidas en el Reglamento de la Ley de la FGE; conjuntará trabajos policiales y de inteligencia con apoyo de la Unidad de Análisis de la Información y los servicios periciales en la integración de carpetas de investigación para el esclarecimiento de los hechos.


También podrá intervenir comunicaciones privadas en su modalidad de escucha, siempre que sean autorizadas por los jueces del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México.


Corresponderá a esta instancia definir los lineamientos sobre las características de los aparatos, equipos o sistemas de informática y telecomunicaciones a autorizar, así como sobre su guarda, conservación, mantenimiento y uso.


En el dictamen de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia se señaló que el secuestro se ha convertido en una industria donde cualquier familia puede ser víctima, ya que actualmente la condición económica de las víctimas no es un factor determinante.


“Este ilícito se ha convertido en una preocupación en toda la sociedad mexicana y, en particular, en los veracruzanos, pues según estadísticas hasta julio del 2018, las entidades con mayor incidencia de este delito son el Estado de México, Veracruz y Tamaulipas”, se retiró.