El auditor general del estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, indicó que preliminarmente, el presunto daño patrimonial en el 2017, se ubica entre los 350 y 400 millones de pesos.
En entrevista posterior a la entrega del informe general de resultados a la cuenta pública del año pasado, adelantó que estos probables desvíos de recursos se dieron en las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), Protección Civil (PC), de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Acuacultura (Sedarpa).
Y también en el Instituto de Espacios Educativos, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) y algunos tecnológicos, sin especificar sus nombres o los montos por cada dependencia con el aparente desfalco de las arcas estatales.
Además, adicionó que las dependencias en las que se detectaron aparentes faltas administrativas son además de la Sedesol y Espacios Educativos, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) y los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver).
En el caso de los entes municipales, dijo que las inconsistencias en el manejo de la gestión financiera del ejercicio fiscal 2017, se dio en 143 ayuntamientos, aclarando que en estos casos no se trata de presunto daño patrimonial.
Portilla Vázquez aclaró que estos montos pudieran disminuir o incrementar conforme se dé la substanciación de las observaciones y los implicados en el presunto daño patrimonial acudan a deslindar responsabilidades.
“Estamos hablando de un presunto daño patrimonial por 400 millones de pesos, sin considerar las faltas graves”, expresó ante los cuestionamientos de los periodistas, al tiempo que explicó que con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Los Servidores Públicos, ya no existe segunda fase de determinación de responsabilidades.
“Por lo tanto una vez que se apruebe el informe por el pleno del Congreso del Estado, iniciaremos las fases de investigación en aquellas faltas tanto de presunto daño matrimonial o las faltas graves, para que ésa área sea la que determine”, manifestó.
En ese sentido, advirtió que si se determina que las faltas son graves serán enviadas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y, en su caso, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Portilla Vásquez recordó que en el informe se pidió a la Comisión de Vigilancia del Congreso local un permiso para que se les permita revisar también los meses de enero a marzo de 2018 en cuanto al proceso de reestructuración de la deuda pública.
