Se supo desde un principio que el organismo empresarial dedicado a la rendición de cuentas, filtró los nombres de los empresarios que ganaron para sus consorcios, las Concesiones para la construcción y operación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y según la información, entre Carlos Slim Helú, Bernardo Quintana, Carlos Hank Rhon, Hipólito Gerard Rivero y Olegario Vazquez Raña, concentran el 51% de los contratos para la construcción del NAIM.
El proyecto estuvo a cargo del Grupo Carso, ICA, Grupo Hermes, GIA+A y Grupo Empresarial Ángeles; aunque este último negó participar en los contratos aludidos; pero fuentes bien informadas y vinculadas a la Iniciativa Privada, aseguraron que las compañías y los personajes mencionados, ganaron 9 contratos para la construcción del NAIM, por un monto de 24,720 millones 550 mil pesos.
Los beneficios atribuidos al Grupo Carso, se estiman en poco más de 21 mil millones de pesos y la información filtrada establece que el Grupo Carso también obtuvo contratos de la construcción del edificio terminal y la pista número tres del citado proyecto, valuados en casi 85 mil millones de pesos.
De ese tamaño son los intereses que hasta hoy se conocen por las filtraciones de buena fuente, que alertaron al nuevo gobierno del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, para detener los negocios multimillonarios de los hombres más ricos de México. Ahora que la forma y el fondo para cancelar el proyecto, han puesto en jaque al Consejo Coordinador Empresarial y a todos los organismos patronales que constituyen la Iniciativa Privada en nuestro país, quienes auguran que, con estrategias fallidas como la “vilipendiada consulta” para elegir entre el aeropuerto de Santa Lucía y el NAIM, de no objetarse, se convertiría en la principal estrategia del Gobierno de AMLO para fundar sus determinaciones en lo que “el pueblo decida”.
Y como lema de campaña que ha dado buenos resultados, desde hace por lo menos dos décadas, se ha utilizado el estribillo que dice: “Gobernar obedeciendo al pueblo”; sólo que el pueblo demanda y manda lo que quiere de su gobierno; pero es al gobernante a quien le corresponde escoger el método para causar el menor daño posible, a quienes resulten agraviados o damnificados con las decisiones gubernamentales.
