Tras la «dramática» situación de crisis financiera que enfrentan la mayor parte de las universidades públicas del País, porque incluso ya no tienen para pagar las quincenas y prestaciones laborales de fin de año, así como las pensiones; la Confederación Nacional de Trabajadores (CONTU), anunció que volverá a publicar un desplegado a nivel nacional para convocar a un nuevo paro nacional, en la primera quincena de diciembre.
De acuerdo con lo manifestado por diferentes líderes de los sindicatos de académicos universitarios del País, más de 50 mil trabajadores podrían no recibir sus prestaciones de fin de año por la quiebra técnica en la que se han declarado al menos 7 universidades públicas, de manera que, dicho paro, se llevaría a cabo en caso de no encontrar una solución.
Se trata de al menos 2 mil 500 millones de pesos que se requieren y que bien podrían salir de los remanentes petroleros para enfrentar la peor crisis de la historia de las universidades públicas en el País, aseveró Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la CONTU.
Este miércoles en San Lázaro se llevó a cabo una reunión de trabajo con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar y su homóloga, Adela Piña Bernal, con los sindicatos universitarios.
Fue ahí donde Papo Levet, al conocer la falta de pago y necesidades, llamó al secretario general de la ANUIES, Jaime Valls «pelele».
El líder de los académicos entregó un documento con la propuesta de incremento para los trabajadores de 27 mil millones de pesos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Recordó que la CONTU es una organización integrada por 92 sindicatos que representan a más de 280 mil trabajadores académicos y administrativos de las universidades e instituciones públicas de educación superior del País, de éstos 50 mil están en riesgo de no recibir sus prestaciones.
A la reunión asistieron secretarios generales de las organizaciones sindicales de las universidades de Oaxaca, Nayarit, Guadalajara, Michoacán, Tabasco, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Estado de México, Colima, Universidad Veracruzana, Guanajuato, UNAM, Universidad Tecnológica, Tecnológicos Federales, entre otros.
Al escuchar a los representantes sindicales, Levet Gorozpe, advirtió que es posible que al menos 7 casas de estudios como Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Sinaloa, Morelos y Zacatecas no les paguen sus quincenas y prestaciones de fin de año, toda vez que las universidades se han declarado en quiebra técnica, lo que significa una violación flagrante a los derechos laborales de quienes ya devengaron su salario.
La propuesta 2019 de la CONTU, en el rubro Fondo de apoyo para las reformas estructurales en los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas estatales es de 2 mil millones de pesos.
Para el Fondo para el reconocimiento de plantillas de las universidades públicas estatales 500 millones de pesos.
Para el Fondo de apoyo para la rezonificación salarial del personal académico y administrativo de las universidades públicas mil millones de pesos.
Para el Fondo de apoyo a las universidades públicas para el pago de liquidaciones establecidas en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo 500 millones de pesos
Para el Fondo de apoyo para trabajadores académicos y administrativos de las universidades públicas que no cuentan con programa de vivienda 2000 millones de pesos
Para el Fondo de apoyo para las universidades públicas estatales que cuentan con sistemas propios de atención a la salud 500 millones de pesos.
Para el Fondo de apoyo para el programa de carrera administrativa de las universidades públicas estatales 500 millones de pesos
El documento también incluye la petición de la CONTU para restituir los recortes presupuestales ejercidos en los últimos cuatro años por el Gobierno Federal en los fondos extraordinarios para la educación superior 20 mil millones de pesos, en total, el presupuesto de incremento es de 27 mil millones de pesos.
El Fondo para las revisiones salariales y recuperación salarial gradual de los trabajadores académicos y administrativos de las universidades públicas deberá ser con base en la inflación, pero que sea superior.
