El Programa de Reordenamiento y Regularización del Transporte Público que emprendió la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, permitió la detección de unidades clonadas, piratas y que participaron en la comisión de delitos, enumeró el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
Al acudir al Congreso Local para detallar el segundo informe de gobierno, abundó que tan sólo en la Ciudad de Veracruz, dos líneas completas pertenecían a la delincuencia, por lo que 21 unidades permanecen aseguradas, mismas que no fueron reclamadas por el concesionario.
Sostuvo que en este procedimiento, al menos 30 mil no aprobaron la revista vehicular y hasta ahora, existen 390 procedimientos de revocación de taxis por diversos delitos como robo, abigeato, bloqueos y además por estar inmiscuidos con la delincuencia organizada.
Refirió que gracias a la intervención de unidades de taxi en Poza Rica se pudo detener al Jefe regional de la 35 Z; el 31 diciembre 2016 cayeron al menos 39 elementos de la misma célula delictiva.
Por bloqueos, se contabilizan 163 unidades detenidas, por robo 23, abigeato 52, homicidios y secuestros 28.
En el programa de reordenamiento vehicular van 84 mil 595 unidades registradas y más de 93 mil conductores adscritos; se han asentado 6 millones 981 mil 912 imágenes biometricas y documentales; 62 mil 913 unidades fueron emplacadas; 84 mil 545 concesionarios y 96 mil 671 conductores se encuentran debidamente registrados.
Además se han entregado 65 mil 32 avisos de emplacamiento; 63 mil 799 unidades realizaron revista vehicular; fueron autorizados 7 mil 866 trámites de transferencia, en tanto que 68 unidades fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), por encontrarse vinculadas con algún tipo de delito, de las cuales 21 fueron autobuses relacionados con la delincuencia organizada.
Al llegar la administración estatal en 2016, mencionó, el servicio de transporte público funcionaba con unidades no registradas (piratas); con la invasión de jurisdicciones como una práctica común e impune; 33 mil313 unidades no contaban con placas, y existía un alto índice de corrupción en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, además de que no existía una base de datos de concesionarios confiable.
Dijo que ello provocó que los automotores se usara para cometer delitos, y se incrementara el consumo de combustible robado y el robo de vehículos.
Finalmente, dijo que se interpusieron 45 denuncias ante las autoridades correspondientes, por uso de documento falso derivado de permisos que fueron “clonados” para circular; efectuar el servicio de Transporte Público sin contar con la concesión correspondiente, o circular utilizando placas alteradas o sobrepuestas.
Además se formularon denuncias contra el ex director de Transporte y contra un Delegado Regional de Transporte por motivo de actos de corrupción; y se iniciaron 396 procedimientos de revocación.
