Jorge Winkler Ortiz, fiscal general del estado, negó que los elementos de la Fuerza Civil que participaron en la supuesta detención ilegal y tortura en contra de siete ciudadanos estadounidenses en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan, hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público.
Lo anterior en respuesta a las declaraciones del titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocino Cisneros Burgos, quien en entrevista la semana pasada afirmó que además de su suspensión y una investigación interna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), estos uniformados estaban a la orden de la instancia ministerial.
“A nosotros no nos han puesto a disposición a nadie, a ningún policía. Se ha iniciado una investigación y obviamente de lo que resulte, estarán ustedes (los periodistas) enterados”, manifestó.
En conferencia de prensa, dijo que la investigación que inició la FGE está radicada en la Fiscalía Especializada en Actos de Corrupción, misma que es autónoma en su gestión.
Además confirmó que sí se reunió con los integrantes de esta familia, a petición del Gobierno de los Estados Unidos, quien solicitó su intervención en este caso en el que se presume una detención arbitraria ocurrida el pasado 31 de diciembre.
“Yo recibí una petición formal del Gobierno de los Estados Unidos, un comunicado oficial, en donde me pedían atender a estas personas que habían sido agraviadas en su patrimonio y en su integridad física presuntamente por elementos de Seguridad Pública del Estado. Con ese gobierno hay una relación extraordinaria, también con el FBI y otras instancias gubernamentales”, presumió.
Finalmente precisó que inmediatamente recibió esta solicitud, la informó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para que tuviera conocimiento y coadyuvara de manera conjunta con la FGE en el esclarecimiento de este hecho.
