La representante del Grupo Multisectorial en ITS y VIH-SIDA del Estado, Patricia Ponce Jiménez, señaló que el contagio de esta enfermedad está creciendo con fuerza en las áreas rurales de la entidad, sin que exista un marco jurídico para atender dicha epidemia.
En ese sentido, destacó que trabajan con el Congreso Local y el sector Salud para reformar y armonizar la Ley con la nueva Norma Oficial Mexicana 010 que abarca este problema.
Enumeró que entre los más afectados con esta enfermedad, están los migrantes, jornaleros e integrantes de comunidades indígenas; pero hasta el momento no se cuenta con un registro de contagiados, ni con políticas públicas para brindarles atención.
“Es una población vulnerable porque en este proceso migratorio que existe en las comunidades pone a las mujeres en una situación de riesgo”, expresó Ponce Jiménez.
En sus palabras enumeró que en Chiapas se hizo una investigación en la zona de los altos y se detectó que el 80 por ciento de las personas que se atienden en un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), son indígenas.
Ahondó que muchas de estas personas tienen al menos 12 años viviendo con VIH, a lo que se suma una generación de niños huérfanos o con la enfermedad; “todos son migrantes de la construcción en Playa del Carmen, Quintana Roo”.
En el caso del estado de Veracruz, expuso qué hay referencias de que en comunidades de Papantla y Zongolica también hay generaciones de niños con la enfermedad.
“Detectamos que en algunos CAPASITS, en el caso concreto de Coatzacoalcos, los pacientes llegan de zonas rurales indígenas”, enfatizó al decir que la norma oficial mexicana, que data de 2011, fue actualizada el año pasado y se requiere una armonización jurídica en la entidad.
