La cifra aproximada entre ochocientos y mil pobladores del enlutado municipio hidalguense, congregados en el ducto siniestrado, da cuenta del número de familias completas que a riesgo de sus vidas, aprovechan cualquier oportunidad para recoger y almacenar gasolina y todo aquello que puedan comercializar, en un aparente beneficio económico temporal, que como en este caso puede llegar a costarles la vida.
De otros eventos como el saqueo de vagones de trenes descarrilados o camiones cargados de mercancías o transporte de ganado y productos agrícolas que han sido saqueados, se desconoce si alguna autoridad ha hecho cumplir las leyes respectivas, imponiendo el orden y el estado de derecho, único medio que garantiza la seguridad ciudadana y por consecuencia la tranquilidad y paz.
El saldo de personas muertas al día de ayer se estimaba en 76 y según las instituciones de salud, otro número aproximado a los fallecidos, sufrieron quemaduras hasta en un noventa por ciento de su cuerpo, por lo que su situación se consideraba de gravedad y pronóstico reservado.
Ya el Fiscal de la Nación Alejandro Gertz Manero, explicó en forma preliminar y a reserva de conocer los peritajes oficiales, que pudo tratarse de un lamentable accidente ocasionado por la aglomeración de la gente, cuya “ropa de contenido sintético”, que al moverse y “friccionarse produce reacciones eléctricas” y como el ducto del siniestro estaba cargado con gasolina de muy alto octanaje, que produce “gran letalidad”, eso es lo que podría haber sido la causa del accidente.
Ya se ha puesto al descubierto por el gobierno de López Obrador, que el robo maquinado a PEMEX, constituye hasta hoy el más grande saqueo de la riqueza nacional y que el pueblo espera la captura y aplicación de sanciones penales enérgicas en contra de todos aquellos funcionarios desde el más alto nivel, hasta los que forman parte de las hordas constituidas por gente armada dedicada a la extracción y venta del huachicol.
La simulación no se acepta por el pueblo que en su mayoría respalda al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello la sociedad exige funcionarios eficientes y eficaces en áreas estratégicas del gabinete. Nadie está dispuesto a tolerar la “ineptocracia”, y la Constitución faculta al Presidente, para nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Lograr la 4ª. Transformación, así lo impone y el depositario del Poder Ejecutivo Federal, tiene la palabra.
