La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, autónoma de la Fiscalía General del Estado (FGE), analizará la denuncia presentada por el síndico del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Julián Cotlame Cocotle, en contra de los diputados locales de Morena, Adriana Paola Linares Capitanachi y Rubén Ríos Uribe, a quienes acusó de probables hechos que pueden ser constitutivos de delitos cometidos en su agravio.
Y es que el edil señaló que los legisladores de Poza Rica y de Córdoba, respectivamente, lo han presionado, junto con el regidor único, Adrián Hernández Sánchez, para que se desistan de las denuncias hechas en contra de la alcaldesa morenista, Isidora Antonio Ramos, para la que exigieron se le iniciara un juicio político.
En ese sentido, el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, confirmó que la Fiscalía Anticorrupción recibió la denuncia, a la que los quejosos adjuntaron grabaciones de las reuniones que sostuvieron con los legisladores, en las que supuestamente les ordenan que retiren las acusaciones en contra de la presidenta municipal.
“Derivado de ello (de la solicitud de juicio político), ellos fueron citados a dos reuniones en el Congreso del Estado, primero el 10 de diciembre en ese ayuntamiento y el 20 de diciembre en el Palacio Legislativo. Ellos tuvieron reuniones con dos legisladores, grabaron esas conversaciones, las adjuntaron como participantes de las mismas, y se está analizando si de estos audios se desprende la posibilidad de algún acto delictivo”, precisó.
Winckler Ortiz señaló que los presuntos agraciados señalan que fueron sujetos de coacción, intimidación, extorsión y sobre todo de amenazas de muerte para efecto de que retiraran, primero la demanda de juicio político contra la alcaldesa y, posteriormente, la denuncia por supuestos actos de corrupción.
Esta última denuncia también involucra a la tesorera Angélica López Portillo; al contralor municipal, Roberto Carlos Jiménez, así como a la directora de Obras Públicas, Aracely Tlaxcala Xicahua; al director de Planeación, Alejandro López Luna, y al secretario del ayuntamiento, Joel Vederique Hidalgo.
El titular de la FGE dijo desconocer si los afectados van a presentar un nuevo juicio político, tomando como base esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque opinó que la naturaleza de ese proceso de remoción es distinta.
“Es libertad de los legisladores atender un juicio político, así con una denuncia que se está integrando, pero ellos ya sabrán si están cumpliendo lo que marca la ley o van a recibir todos los juicios políticos que se presenten, simplemente por una denuncia que se presente aquí en la Fiscalía”, expresó.
