La vigilancia de las fuerzas armadas sobre los principales ductos que distribuyen la gasolina en todo el país, ha resultado tan efectiva, que el día de ayer el Presidente mostró el descubrimiento de otra estación ilegal de abasto de “diésel” que para vergüenza del gobernador Omar Fayad, se construyó sobre el paso del ducto Tula-Azcapotzalco, tan cerca de la Ciudad de México, que a sólo dos kilómetros de distancia, venía operando con la complacencia y encubrimiento de los encargados de la seguridad pública.
El Gobierno Federal ha expedido la convocatoria para conductores de pipas, que cuenten con licencias federales tipos B, C y E, de cuando menos dos años de antigüedad. Esa tarea ha sido encomendada a la Secretaria del Trabajo Luisa Maria Alcalde, quien no acaba de salir bien librada de las imputaciones de conflicto de interés con su padre, un viejo litigante laboralista, que con toda certeza ganará todos los asuntos que le sean encomendados a su despacho profesional.
Volviendo a los choferes de las pipas, serán dos mil los que deberá contratar el Gobierno y entre otros requisitos, deberán contar con una edad de 25 a 60 años, carta de no antecedentes penales, certificado de buena salud y otros documentos de identificación oficial, y el sueldo que se oferta a quienes cumplan con esos requisitos será de catorce mil pesos mensuales. Muchos requisitos, demasiado riesgo y poco salario, sin que se garantice la eficacia de la Secretaria de Energía y menos la erradicación de la corrupción en Pemex.
A mayor abunda miento en el tema de PEMEX, el Presidente López Obrador acusó a su antecesor de una compra “fallida” de pipas cuando comenzó el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Dijo el señor Presidente, que el gobierno de Peña licitó la compra de 700 pipas por un costo de mil cuatrocientos millones de pesos, de los cuales se pagó un anticipo de cuatrocientos millones de pesos y que las pipas nunca llegaron a México.
En este asunto que constituye la revelación de la gran corrupción que imperó en el sexenio de 2012 a 2018, se encubrió el fraude en la compra de las 700 pipas y López Obrador puso el dedo en la llaga del Poder Judicial Federal, hasta donde llegó la consignación del señalado fraude maquinado, que acaba de resolverse sin responsabilidad para los participantes del millonarios negocio. La tranquilidad para los ex funcionarios de Peña Nieto, es el “perdón y olvido” que sigue enarbolando la Cuarta Transformación.
