La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), formuló una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el otorgamiento de tres contratos, presuntamente de manera ilegal, a una empresa para el arrendamiento de camionetas destinadas a programas sociales en la entidad, pagándose un monto de 55 millones 806 mil 468 pesos.
En entrevista, su titular, Guillermo Fernández Sánchez, especificó que en el periodo en el que la actual senadora de República, Indira Rosales, ocupaba la titularidad de la dependencia, se emitió una convocatoria pública nacional para el alquiler de dichas unidades, a la que sólo se inscribió esa empresa.
“Es una empresa local (…) corresponde al bienio anterior, de la administración de Yunes, por los dos años, es un contrato que es del 2017, cuando todavía estaba en funciones la anterior secretaria, Indira Rosales, le corresponde en sus tiempos este contrato”, mencionó.
Según él, la Dirección General de Programas Sociales de la SEDESOL al analizar la documentación de la licitación detectó que se podría haber incurrido en diversos delitos e irregularidades contenidas en el Código Penal para el Estado de Veracruz, tipificados como “delitos contra el patrimonio”.
“Hubo una simulación (en la licitación), porque nunca llegaron a presentarse al menos tres empresas en una licitación que pueden entrar el número de personas que quieran, en ese caso solo observamos una. Es una licitación pública nacional”, precisó.
Fernández Sánchez indicó que los contratos entregados durante el 2017 y 2018, periodo del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, contemplaban el arrendamiento de 283 camionetas, de las cuales sólo se entregaron 226. Además, expuso que no hay bitácora de control que describa el uso que se les dio a esas unidades.
Adicionalmente, comentó que ocurrió supuestamente la falsificación de firmas en diversos documentos y recordó que ya existe un informe por parte de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, donde se precisan observaciones por no formular bitácoras de los vehículos arrendados.
Acompañado de la contralora General del Estado, Leslie Mónica Garibo Puga y su homólogo de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, adelantó que están preparando las denuncias por el presunto mal manejo de los programas sociales en la administración estatal anterior y en su momento, cuando los expedientes estén bien sustentados, se presentarán para evitar que sean desechados.
