El director general del Instituto de Espacios Educativos (IEE), Ricardo García Jiménez, detalló que la denuncia presentada este martes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) está relacionada con las supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos para la ejecución de obras de mejoramiento y construcción de aulas e involucra un monto superior a los mil millones de pesos.
“Presentamos una denuncia de hechos, el monto asciende a más de mil millones de pesos, es por diferentes tipos de cuestiones, la mayoría de ellas son por omisiones de administraciones anteriores”, precisó.
Detalló que se formuló denuncia en contra de ex servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) por irregularidades en el uso del Fondo de Aportaciones Múltiples por 548 millones de pesos y del Fondo “Peso a Peso” por 38 millones de pesos.
Además, por el cobro de pólizas y fianzas, la denuncia involucra un monto de dos millones de pesos y otros posibles delitos por el mal manejo de una cantidad de 644 millones de pesos.
“Las pruebas están y ahora corresponde a la Fiscalía investigar”, acotó García Jiménez, al exponer en relación con las obras de infraestructura educativa abandonadas, que éstas están a lo largo y ancho del estado y que son alrededor de 500.
Acompañado de la contralora general del estado, Leslie Mónica Garibo Puga, y del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, expuso que en el último mes del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se contrataron obras, dejándole a la actual administración cerca de 800 obras sin concluirse o nunca iniciadas.
“Son obras en general, tanto rehabilitación, mantenimiento, aulas nuevas, la mayoría corresponden al Programa de Escuelas al Cien… si se pone en riesgo (acceder a recursos en los próximos años), porque tenemos terminarlas para poder solicitar más recursos y al no tener las obras terminadas, al tenerlas abiertas, no se puede hacer la solicitud de más recursos”, afirmó.
Insistió que las empresas beneficiadas con estos contratos recibieron el anticipo, pero no iniciaron las obras o el avance de ejecución es mínimo y puso como ejemplo el caso del Instituto Tecnológico de Gutiérrez Zamora, donde a la contratista se le dio 50 por ciento de los 26 millones de pesos, cuando la ley estipula que el adelanto no debe superar 30 por ciento.
El funcionario estatal aclaró que sólo se les dio el anticipo y el recurso para concluirlas no está porque nunca fue entregado al no haber iniciado la construcción; de allí que están buscando a las empresas para pedir que devuelvan el anticipo y proceder a la rescisión del contrato.
También dijo que se seguirán presentando denuncias ante la FGE por estos contratos de obras que no se concluyeron o que ni siquiera iniciaron, ello si no se puede lograr que las empresas devuelvan el adelanto otorgado.
