Al señalar que está consciente de que en el régimen pasado la dependencia que ahora tiene a su cargo tuvo una misión fallida, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que la nueva SFP pasó de ser una secretaría a la que se le decreto la pena de muerte, a ser uno de los factores más importantes para erradicar la corrupción.
Durante la presentación del informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, Sandoval Ballesteros acusó que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto hubo irregularidades “monumentales e inmorales” en el ejercicio del presupuesto.
La SFP señaló que a fin de revisar el correcto ejercicio de los recursos públicos, el cumplimiento de la legalidad y el desempeño de la acción gubernamental, la Función Pública realizó más de 2,500 auditorías, que permitieron realizar más de 10,000 observaciones asociadas a más de 544,000 millones de pesos, que han dado origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes de irregularidades determinadas.
En el caso de los recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación en 2018 y al señalar que el monto asignado para la operación regional de 53 programas fue de 236,430.7 millones de pesos, la SFP fiscalizó ocho programas: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte.
De esta fiscalización se revelaron irregularidades recurrentes, pues al cierre de las auditorías, a los gobiernos estatales les fueron determinadas observaciones por un monto de 6,097.9 millones de pesos que aún se encuentran pendientes de aclarar, justificar o recuperar.
Además, en el caso a las auditorías a la obra pública se realizaron 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, de los cuales se determinaron 674 observaciones con una cuantificación monetaria por aclarar, justificar o recuperar por 20,598.2 millones de pesos.
Entre estos casos destaca la obra de lo que sería el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)-Texcoco con 18,665.9 millones de pesos; el tren Interurbano México-Toluca (616.4 millones de pesos); además de observaciones por 386.7 millones de pesos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en casos de carreteras, puentes y distribuidores viales, asimos como 235.4 millones de pesos relacionados con el caso de la Estafa Maestra y Pemex Exploración y Producción.
La fiscalización de la SCT también destacan el Convenio de Concertación de Acciones para la modificación del trazo de la carretera Federal 200, Manzanillo– Puerto Vallarta, con longitud de 780 metros, pues el objeto del convenio fue modificar la vialidad para evitar, supuestamente, accidentes, quedando a cargo de una empresa privada los gastos de construcción a cambio de entregarle el derecho de vía del trazo actual.
“Se determinaron posibles actos de corrupción debido a que se pretendió beneficiar a un particular con un bien propiedad de la Nación. En la actuación de la empresa, se observó dolo y engaño. En la visita efectuada al sitio, se constató que se construyó la vialidad modificando el trazo original, sin respetar el derecho de vía, para liberar terrenos colindantes con la playa, que pretendían ser utilizados en un proyecto turístico de la misma empresa”, señaló el informe.
Por lo anterior, informó la funcionaria federal que se recomendó a la SCT realizar el proceso de nulidad del convenio sin derecho a indemnización.
Por otro lado, del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, la SFP recibió 63 asuntos en materia de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, y resolvieron 81 expedientes, de los cuales, 51 resoluciones (63%) fueron sancionatorias y 30 (37%) en otro sentido (improcedencias, incompetencia y absolutoria), quedando un monto por multas de 22,955.2 millones de pesos.
La secretaria de la Función Pública aseveró el combate a la corrupción sigue siendo la guía y la prioridad para esta nueva administración, además de que el trabajo de la dependencia ha sido de la mano de la ciudadanía.
En el pasado, acusó, la corrupción siempre estuvo frente a nosotros, permitida y muchas veces legalizada, además de que se desbalijo al sector público para transferir bienes del Estado a privados.
“Nadie puede olvidar la estela de la corrupción (…) la corrupción, además de beneficiar a los burócratas afecto a la función pública, los mercado a la sociedad y tuvo un efecto perverso”, consideró.
Agregó que cuando llegó a la SFP, había un control nulo en la administración pública federal por lo que uno de sus primeros pasos fue restablecer la tarea de la prevención.
Sobre el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo que celebraba su detención al considerar que más allá de ser un avance clarísimo para el combate a la corrupción lo es para la impunidad.
(El Economista)
