«Daniel» (guardamos su identidad por razones obvias) nos comenta su caso personal: firmó contrato como supervisor de verificadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con fecha 26 de febrero al 17 de abril, con salario neto de 5 mil 242.77 pesos quincenales.
«Lamentablemente no me dieron copia del contrato, por parte del personal administrativo; a nadie se lo proporcionaron. De las condiciones laborales, no hay queja sobre ello, se sabe por default que a pesar de que en el contrato decía ‘horario laboral de lunes a viernes con horario discontinuo’ uno debe aplicar estrategias para sacar los pendientes; ello implica trabajar sábados y hasta domingos».
Comenta que antes de que se anunciará oficialmente la cancelación de encuestas y censos cara a cara, a los empleados del Inegi todavía les depositaron 200 pesos por concepto de gel antibacterial, jabón y cubrebocas, como medida preventiva ante la contingencia.
«El día 31 de marzo mi responsable de verificación dio la indicación que nadie salía a campo y esa información se la hice llegar a mis verificadores. Ese mismo día se comenzó a rumorar que el término de contrato se iba a modificar», expresa.
El día 2 de abril los citaron en las instalaciones de la Universidad del Golfo de México en Xalapa –ahí es la oficina de algunos responsables de verificación– para pedir que entregaran todo el material: uniforme, dispositivos y materiales impresos; argumentaron era para evitar el mal uso.
«Pero ese mismo día por la noche nos confirmaron lo que ya se decía entre compañeros: la indicación era presentarse al día siguiente a la una de la tarde para firmar el acta de entrega o renuncia».
«Esther Martínez Ruiz, una de las jefas, dijo que no era obligatorio firmar; pero aún así el pagó correspondiente a la siguiente quincena para verificadores sería fecha corte 3 de abril y para los supervisores, 7 de abril. Todavía nos proporcionaron un oficio donde mencionan las razones por el término de contrato de manera adelantada».
Dicho documento, del cual tenemos una copia, en resumen es una justificación larguísima echándole la culpa al Coronavirus COVID19 por la terminación de la relación de trabajo y que se eximía de toda responsabilidad al instituto «en el entendido de que el mencionado hecho considerado como una cuestión fortuita excede el estado de cosas que existía al momento de firma de celebración de su nombramiento y que supera a la voluntad de las partes, no siendo resultado de la culpa o negligencia de éstas».
En síntesis, el Inegi está dejando al desamparo a alrededor de 80 personas en el equipo de verificación en la zona de Xalapa: «como personal eventual que somos, la mayoría acatamos a firmar el acta debido al veto que maneja el instituto, pues se sabe que si una persona se pone ‘rebelde’, te vetan y no te contratan de nuevo en el instituto».
Cabe hacer mención que esto es a nivel nacional y con otras encuestas, como el personal de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
Y es que aunque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social diga que ninguna empresa puede despedir o bajar el salario del trabajador, en los hechos, el Inegi sí lo está haciendo.
«Jamás se había presentado una situación así con INEGI, me voy triste y decepcionado».
INEGI DICE QUE CONTINUARÁN TRABAJOS DE VERIFICACIÓN LUEGO DE CONTINGENCIA (Comunicado del Inegi del 3 de abril)
El 14 de octubre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen las bases para la coordinación, participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y publicación del Censo de Población y Vivienda 2020”, en el que se establecieron las diferentes etapas de este programa estadístico.
El levantamiento del operativo masivo, realizado del 2 al 27 de marzo de 2020 y en el que participaron más de 180 mil personas, concluyó de manera satisfactoria. El nombramiento de los más de 151 mil entrevistadores concluyó el pasado 31 de marzo conforme a la temporalidad para la cual fueron contratados.
El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo por el que declara la situación del SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria y ordena, entre otras medidas, postergar de inmediato todos los censos y encuestas a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física, cara a cara.
Para la etapa de verificación de cobertura, la cual estaba programada del 28 de marzo al 10 de abril de 2020, es una tarea que se realiza directamente en campo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) designó mediante nombramiento eventual por un periodo de 25 días (que iniciaron el pasado 21 de marzo y concluía el 17 de abril) a personal para realizar la tarea de verificadores.
La etapa de verificación de cobertura se desarrolla mediante la movilización del personal, es por ello que tanto los verificadores como sus supervisores quedaron restringidos al no poder realizar las funciones para las que fueron contratados, dado que en ambos casos se requiere su movilidad por distintas áreas teniendo constantemente que indagar con la población sobre la condición de habitación de las viviendas, e incluso, existe la probabilidad de que tengan que realizar entrevistas cara a cara con los informantes. Por este motivo, esta actividad fue postergada por el INEGI en congruencia con las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias.
Debido a que esta actividad fue postergada y consecuentemente es imposible física y jurídicamente realizar durante la emergencia sanitaria, se requirió al personal la entrega de todo el equipo que se les brindó para su desempeño, dejando sin efectos su nombramiento.
Una vez que se levante la etapa de contingencia sanitaria, continuarán los trabajos de verificación y para ello serán considerados quienes ya fueron capacitados.
