El político y antes empresario norteamericano Mike Pompeo, poco antes de la invasión mundial del Covid- 19, en visita relámpago a la CDMX y a propósito del reporte que dijo poseer sobre violaciones a los Derechos Humanos de migrantes centroamericanos, acusó a los tres órdenes de gobierno de México, de tolerar a la delincuencia organizada y a elementos encargados de la seguridad pública, de extorsionar, torturar y desaparecer a migrantes de diversas nacionalidades.
A pesar de la gravedad de las imputaciones sin comprobar, del Secretario de Estado de Norteamérica, no fueron desmentidas por el Canciller mexicano Marcelo Ebrard, ni por la Secretaría de Gobernación y mucho menos por la Fiscalía General de la República, puesto que parafraseando al Presidente López Obrador, los altos funcionarios mexicanos, seguramente “cuentan con otros datos”.
Del reporte aludido, se filtró a medios de comunicación, que entre los años 2006 a 2018, fueron iniciadas cerca de 100 investigaciones ministeriales, en las que se denunciaron vejaciones, amenazas, tortura y desaparición de personas, habiéndose alcanzado únicamente la consignación y condena de una veintena de ex policías y ex servidores públicos relacionados con la seguridad ciudadana.
Instancias de la Sociedad Civil como la Organización “artículo 19”, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, hicieron diversas recomendaciones para que sin coartar la libertad de escribir, publicar y difundir los datos sobre la impunidad que atribuyó Mike Pompeo a las autoridades mexicanas, se abundara en mayor información que debería incluir agresiones a periodistas de las que se registraron 1000 denuncias y únicamente 10 concluyeron con sentencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente en el artículo 19, garantiza la libertad de opinión y la protección para no ser molestado el difusor de investigaciones o informaciones, sin limitación de fronteras.
Pompeo expresó de manera contundente en aquella visita de hace un mes a México, lo siguiente: “rezamos por el día en el que los cubanos, venezolanos, chinos e iraníes y el resto del mundo, puedan hablar libremente sin temor a sus propios gobiernos”. Seguramente y superada la Pandemia, el debate sobre la libertad de expresión y el poder difamatorio de políticos y empresarios de medios, continuará.
