Una empresa contratada para la rehabilitación de la planta de Agronitrogenados, comprada por Petróleos Mexicanos en 2013, presentó una demanda judicial para exigir el pago de al menos 332 millones de pesos.
Se trata de OPCO Soluciones, quien reclama pagos pendientes a ProAgroindustria, la sociedad anónima creada por Pemex en tiempos de Emilio Lozoya para concretar la compra de la planta ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, por la que pagó 275 millones de dólares a Altos Hornos de México (AHMSA)
De acuerdo al diario Reforma: “La empresa fue contratada en 2016 para construir plantas de tratamiento de agua y de químicos, en las que invirtió 219 millones de pesos, a cambio de una concesión de 25 años durante los cuales cobraría una tarifa mínima mensual por el suministro de dichos productos. Desde 2017, cuando Lozoya ya no era director de Pemex, empezó a reclamar falta de pago”.
En 2018, OPCO ya estaba suministrando agua tratada y tratamiento químico y tenía derecho a cobrar 24.6 millones de pesos, pero las plantas de producción de urea a las que estaba destinado el suministro aún no estaban terminadas.
La empresa intentó entregar las plantas en marzo de 2020, pero por lo menos en lo que corresponde a la de tratamiento de agua, Pemex manifestó que “existe imposibilidad” para recibirla.
“No hemos recibido los pagos pactados en nuestro contrato de servicios, lo cual nos ha provocado una grave situación de liquidez; con gran esfuerzo, OPCO ha cubierto con recursos propios los costos de inversión, administración, operación, mantenimiento así como costos y gastos financieros. Sin embargo, a últimas fechas la falta de pagos ha tornado insostenible esta situación”, señaló la empresa en una carta abierta publicada en marzo por medios de Veracruz.
La demanda mercantil iniciada por OPCO está en trámite ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México desde agosto de 2019, pero ha sufrido varios contratiempos que han retrasado el trámite del juicio.
En noviembre, el juzgado declaró fundado un incidente de falta de personalidad de los representantes de OPCO, que tuvieron que apelar. En tanto, el juzgado estuvo a cargo de un secretario, hasta que el Consejo de la Judicatura Federal designó el pasado 5 de agosto como titular a José Luis Amaya, por lo que está pendiente que se dicte sentencia.
OPCO fue solo una de múltiples empresas contratadas por ProAgroindustria para tratar de rehabilitar la planta de treinta años de antigüedad, operación que ha resultado un desastre para Pemex, con pérdidas estimadas en 8 mil millones de pesos.
“Se incumplieron los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos se rebasaron de 195 millones de dólares a 443 millones de dólares, los tiempos se alargaron de 610 a 943 días calendario y a la fecha de esa auditoría (noviembre de 2017) no se habían generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto ya no era rentable”, señaló la Auditoría Superior de la Federación en 2018.
