Continúa la guerra en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Magistrados convocaron a sesión del Pleno, para analizar el informe sobre tres denuncias relacionadas con los nombramientos de funcionarios que había autorizado la Presidenta del TSJE, Sofía Martínez Huerta, y que el Consejo de la Judicatura invalidó.
Y es que el grupo de magistrados opositores a Martínez Huerta no está conforme con haber destituido a los servidores públicos que había nombrado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, sino que ahora piden que se inicien procedimientos administrativos por los sueldos que fueron pagados a esos funcionarios que según los togados, fueron designados al margen de la ley.
En la sesión del Pleno a la que citaron este viernes a las 8:30 horas, de igual forma analizarán la denuncia que presentaron las magistradas Concepción Flores Saviaga y Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros contra la Magistrada Presidenta por “incumplimiento de un deber legal”.
Otro de los puntos que analizarán en la sesión del Pleno de este viernes es referente a la queja por la inasistencia de Martínez Huerta a cuatro sesiones de ese órgano colegiado.
En lo que respecta a los funcionarios que había nombrado Sofía Martínez Huerta, se contempla iniciar procedimientos administrativos contra Hernán García Sobrevilla, quien había sido designado como titular de la Dirección General de Administración; José Luis Marques Reyes, quien era sudirector de recursos materiales de esa Dirección General y que ahoraes titular del Departamento de Infraestructura y Supervisión de obra; Elisa Rodríguez Cruz, ex Subdirectora de Recursos Financieros; Mónica Morales Silva, ex Subdirectora de Recursos Humanos.
A estos ex funcionarios se les iniciará procedimiento administrativo porque autorizaron, transfirieron, comprometieron y pagaron recursos públicos sin autorización del Consejo de la Judicatura. Por tanto, dichos procesos de adquisición, adjudicación, servicios, contrataciones y obras “están viciados de origen en perjuicio del presupuesto del Poder Judicial y constituye un flagrante desvío de recursos públicos”.
