La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió el pasado 10 de diciembre la recomendación 80/2020 a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR y a Verónica Hernández Giadáns, fiscal de Veracruz por la desaparición de tres abogados que iban a defender a líder de los Zetas
Se trata de una mujer y dos hombres que permanecen en calidad de desaparecidos, tras acudir a la Coordinación Estatal de la entonces Policía Federal para acreditarse como abogados de un líder del cártel de Los Zetas.
Los hechos ocurrieron hace 4 años, cuando familiares relataron que los abogados salieron de sus casas el 1 de febrero de 2016, uno de ellos de 29 años de edad acudió con la defensora de 31 años a la capital del estado para acreditar su representación. Ya en las instalaciones de la Policía Federal se encontraron con el tercer abogado de 38 años y fueron atendidos, pero desde entonces no se supo más de ellos.
Reportes de prensa consignaron que los litigantes se dirigieron a representar a Josele Mireles Balderas alias “El Chichi”. La mujer fue reconocida como Anahí Arce, oriunda de Río Blanco y el hombre de 29 fue identificado como Giovany Sol Guevara, originario de Orizaba.
Anahí Arce Aguilar, está identificada como prima del exalcalde de Río Blanco, Raúl Vera Aguilar, quien falleció en 2020 a causa del Covid..
“Ya en el lugar, dos de las personas ingresaron para entrevistarse con el probable responsable, registrando su entrada a las instalaciones; sin embargo, desde ese día no se tiene conocimiento del paradero de las tres personas”, indicó la institución encabezada por Rosario Piedra Ibarra, en un comunicado.
Del expediente de queja que se integró en esta Comisión Nacional, se observó que ocho personas servidoras públicas violaron el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, así como a la verdad, en agravio de las tres víctimas directas y de sus familiares, debido a que incurrieron en irregularidades en la investigación, al existir dilación en las diligencias, falta de una investigación inmediata, además de la falta de coordinación entre las procuradurías.
IRREGULARIDADES
No rindieron el informe sobre nombres y domicilios de testigos que pudieron presenciar los hechos para la búsqueda y localización de las personas, pues su desaparición podría estar relacionada con una balacera ocurrida por la tarde del 1 de febrero del 2016. En este evento se recolectaron indicios que debieron ser agotados para determinar su relación.
Tampoco hubo análisis de videos, ni se extrajeron audios para su estudio, mucho menos la evidencia conseguida en la Subcoordinación de C-3. Los servidores públicos involucrados acudieron a testificar tarde, aunado a que después de más de cuatro años, continúan sin declarar 10 funcionarios requeridos.
Además, también desaparecieron la madre y el padre de Márquez Balderas, a quien se pretendía defender, así como otra persona relacionada. Entre el 7 de septiembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017, el agente responsable dejó de investigar la desaparición de los abogados.
“Llama la atención de esta Comisión Nacional la falta de coordinación entre las Fiscalías, al remitir el expediente en diversas ocasiones entre dichas instituciones, argumentando la competencia, periodos en los cuales se dejó de actuar en la investigación para dar con el paradero de las víctimas, sin enfocarse en determinar con claridad a quien le correspondía conocer de los hechos”, añade el documento de la CNDH.
Tampoco fue consignado el testimonio del Chichi, el cual se obtuvo hasta el 19 de octubre de 2020, es decir, más de cuatro años después de haberse iniciado la investigación.
En el transcurso de las indagatorias se perdieron pruebas, no fueron emitidas alertas de carreteras ni financieras y tampoco se solicitaron todos los datos señalados de los servidores públicas involucradas. De igual manera, las autoridades ministeriales omitieron allegarse de información contextual del sitio donde ocurrieron los hechos.
No se establecieron conexiones entre municipios y estados de organizaciones delictivas, como de autoridades responsables. Tampoco fue realizado un estudio del modus operandi y del mapa delictivo de la zona, ni la confrontación de huellas dactilares o copias de más carpetas abiertas en ese lugar.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a los titulares de la FGR y de la FGE de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se brinde la reparación integral del daño a las víctimas, y se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas a las tres personas desparecidas y a los familiares de cada una de ellas, a quienes también deberán dar atención psicológica y tanatológica.
De igual forma, se solicita que se continúe con la integración y perfeccionamiento de los expedientes penales; que se realice una revisión a las indagatorias presentando un plan de fortalecimiento de la investigación, que tenga como objetivo la localización de las tres personas desaparecidas, señalando las diligencias pendientes por realizar a fin de esclarecer los hechos de su desaparición; se localice a las víctimas y, en el caso de fallecimiento, se identifiquen y entreguen los restos a su familiares; que se colaboren en el seguimiento de la queja administrativa que se presentará, se anexe copia de la resolución y de la Recomendación en los expedientes laborales de las personas servidoras públicas responsables, y se realicen los procedimientos internos que sancionen a los responsables de las violaciones a derechos humanos, ello con independencia de la resolución administrativa de la Visitadurías Generales.
Asimismo, se solicitó que publiquen la Recomendación en su portal de internet; que diseñen e impartan un curso integral dirigido a su personal, en materia de derechos humanos, desaparición de personas, “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, atención victimológica, jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos en la materia, y la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; que realicen revisiones periódicas en la integración de los expedientes penales y designen una persona servidora pública para el seguimiento de la Recomendación.
A la Fiscal General del Estado de Veracruz, además, se le recomendó instruir que se investigue a quien se acredite la responsabilidad administrativa por la dilación en la entrega de los dictámenes periciales e informes de investigación requeridos por el Agente del Ministerio Público para la integración de los expedientes penales y, en su caso, se inicie el procedimiento sancionador correspondiente.
¿QUIÉN ERA EL CHICHI?
El Chichi era líder de los Zetas en la zona centro de Veracruz. El gobierno de Javier Duarte lo dio por muerto el 13 de agosto de 2015, cuando una balacera tuvo lugar en Orizaba, percance en el que incluso murió un ex reportero de Televisa. Pero fue arrestado en febrero de 2016 por elementos de la Gendarmería, en la carretera federal 180, Paso del Toro-La Tinaja, junto con siete personas más; en aquel momento, las autoridades investigaban a cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
