Ignacio Alvarez
La pobreza y densidad poblacional de Veracruz con más de siete millones de ciudadanos, colocó a Veracruz entre los tres estados con mayor apoyo directo del Gobierno de la 4T, durante el 2020, de acuerdo a las estadísticas del INEGI.
De los dos millones 390 mil 726 viviendas censadas, 762 mil 641 reciben apoyo en algunos de los programas del gobierno federal, es decir, en tres de cada 10 hogares existen beneficiados con becas, programa de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, créditos para vivienda y micro negocios, apoyos en materia de salud y medicamentos.
Los apoyos de los programas federales, también son fortalecidos con los programas estatales que se dispersan desde el DIF Estatal y que consisten desde desayunos escolares, despensas, transporte a discapacitados, aperos para el campo, paquetes de granjas domésticas y para micronegocios de repostería, panadería y huertos familiares.
Veracruz tiene más del 50 por ciento de sus municipios en zonas rurales e índigenas a lo largo de su geografía por lo tanto, los programas federales significan el sustento parcial y en ocasiones total para las familias o individuos que forman parte de sus siete millones de habitantes.
Cloaca en el IMSS
El portal de noticias Versiones del periodista Pepe Ortíz, reveló una presunta red de corrupción en la Delegación del IMSS Zona Norte con sede y tráfico de influencias que data de años anteriores y que tiene que ver con la asignación directa de contratos subrogados de hemodiálisis que opera desde Acapulco, Guerrero con costos inflados. Se trata de la empresa Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía Sa de CV.
De acuerdo con la solicitud 006410063321 ante el INAI, la empresa ingresó en los concursos para las licitaciones AA-050GYR014-E1007-2020 y LA-050GYR014-E11-2021 para hemodiálisis a dos mil 392 pacientes con enfermedades renales, para lo cual presentó documentación e instalaciones de la empresa Gifyt misma que habría sido dada de baja por presunto incumplimiento que derivó en el supuesto fallecimiento de pacientes, lo que esclarecería que habría presunto favoritismo hacia este mismo grupo, a pesar de que claramente no cumpliría con los requisitos que señala la licitación.
Santa Lucía fue beneficiada por el IMSS a pesar de que los contratos asignados presentan presuntas irregularidades como expedientes rubricados en los proyectos y presuntas falsedades, así como informar que su funcionamiento dio inicio en junio de 2020, cuando la Comisión Federal de Protección y Riesgos Sanitarios registra que lo hizo en noviembre.
Los contratos fueron asignados por los funcionarios Ana Laura Puig Lagunes, Lucio Sánchez Aguilar, Félix Lara Posadas, Sonia Beatriz Salamanca Domínguez y Carlos Alberto Navarrete Sánchez, hijo de Arturo Navarrete Escobar, ex alcalde del municipio de La Antigua, ex subsecretario de Salud del gobierno del panista de Miguel Ángel Yunes Linares y también compadre del ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, recordado por el caso no resuelto de negligencia en el incendio de la guardería ABC subrogada por el Instituto, donde murieron 549 niñas y niños.
La complicidad de los funcionarios del IMSS con la empresa determinó que hubo un sobre costo de 1,095 pesos por sesión a cada paciente renal, cuando el antecedente había sido de 800 pesos por sesión a enfermos tratados por la Unidad Médica de Atención Ambulatoria en el puerto de Veracruz, instalados en la congregación de Tejería.
Además, el responsable sanitario de la Unidad de Hemodiálisis “Santa Lucía”, es el nefrólogo Aristóteles Guerrero Díaz, a quien se le inició la carpeta de investigación FED/GRO/ACAP/0000967/2019 en la Fiscalía General de la República con sede en Guerrero, por el robo de colchones propiedad del ISSSTE.
Bajo la dirección de Zoé Robledo como titular del IMSS, a la empresa Gifyt SA de CV le fue retirada la concesión para dar el servicio de Hemodiálisis, sin embargo, la Delegada del IMSS Veracruz-Norte, María de Lourdes Carranza Bernal fue engañada o es cómplice de la empresa Gifyt, ahora convertida en Santa Lucía.