Reynaldo Escobar Pérez
Las acusaciones vertidas por Silvano Aureoles Conejo, gobernador del Estado de Michoacán, mediante las cuales imputa a organizaciones del narcotráfico, el patrocinio económico en las campañas de los candidatos de Morena a gobernador, diputados y presidentes municipales de su entidad federativa, constituyen un hecho sin precedentes en la historia de México. Muy lamentable la ingobernabilidad y criminalidad que viven los michoacanos, quienes siempre se ufanaron de que en esa tierra nacieron el expresidente Lázaro Cárdenas, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su nieto Lázaro Cárdenas Batel; los tres ex gobernantes de esa desafortunada entidad federativa.
Fue en Apatzingán, Michoacán donde el general José Maria Morelos y Pavón convocó al Congreso de Anáhuac en 1814 para aprobar la primera Constitución Política Mexicana, que si bien no tuvo plena vigencia en todo el territorio nacional, se le puede considerar como la Ley Fundamental que constituye el cimiento jurídico de la independencia de México.
Resulta difícil entender la propuesta del nuevo gobierno presidido por AMLO, de una Cuarta Transformación que tendría que culminar con una nueva Constitución Política, considerando a la de 1917 que hoy nos rige como la Tercera Transformación; así como a la Constitución Política de 1857, como la Segunda Transformación; y a la Constitución Política de 1824 como la primera Transformación de nuestro país, dejando fuera a los intentos de Morelos.
El emplazamiento hecho por Silvano Aureoles en televisión nacional, constituye una autocrítica que no puede ser tolerada por el pueblo de Michoacán, ni por los tres Poderes de la Union, pues no basta el reto del señor presidente, para que el gobernador Aureoles presente pruebas de su afirmación, en el sentido de que su entidad federativa se ha convertido en un “Narco- Estado”, por culpa del partido Morena y la tolerancia de quienes permitieron el patrocinio económico con dinero de “dudosa procedencia”.
Repetir el proceso electoral en todo el país, tendría un costo económico muy elevado; sin embargo, no hacerlo acabaría con la poca credibilidad y confianza de la sociedad en el estado de derecho y sus instituciones.
