Por Roberto Valerde García
El miércoles pasado se publicó en la Gaceta Oficial del estado, para convertirse en ley, el decreto que reforma los artículos 149, 150, 151, 153, 154 y derogó el 152, del Código Penal de Veracruz, con lo cual se despenalizó el aborto en el estado de Veracruz.
De esta forma pasamos a convertirnos en la cuarta entidad, después de Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo en donde se permite la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación.
Como era de esperarse, las reacciones en torno a esta medida aprobada por el Congreso local han polarizado a la sociedad veracruzana. Por una parte hay regocijo de grupos feministas defensores de los derechos de la mujer y, por el otro, el coraje de organizaciones Provida y de la cúpula de la iglesia católica, quienes afirman que se está legalizando el “homicidio”.
A título personal creo en el libre pensamiento y en el libre albedrío, en el poder de las personas para elegir y tomar sus propias decisiones, en el respeto al derecho ajeno, en el respeto a la vida desde la concepción hasta su conclusión natural, pero también creo en los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y lo que sea mejor para ellas.
Según estimaciones de algunas organizaciones feministas, en nuestro país suceden entre 750 mil y un millón de muertes por año a consecuencia de abortos clandestinos, una cifra alarmante.
Algunos líderes de opinión, sociólogos y especialistas en Derecho critican la nada generosa, virulenta e intransigente reacción de los ministros religiosos.
Señalan que no es posible que escandalicen por la aprobación de esta ley para la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, mientras la misma iglesia encubre y hasta protege a curas pederastas, aquellos que abusan de niñas y de niños inocentes, incurriendo así en una doble moral, en una exhibición pública de la mayor y, esa sí, escandalosa hipocresía.
Ahora no son padres de familia, ni abogados, periodistas, mucho menos representantes de otras sectas, no, es nada más y nada menos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien con todas sus letras denuncia que El Vaticano sigue encubriendo los casos de pederastia en lugar de “inmediatamente” retirar del sacerdocio a todos aquellos curas que han cometido abusos sexuales contra menores o que se sospecha que puedan haberlos cometido y denunciarlos ante las autoridades civiles.
“Si realmente está preocupada por la infancia, la iglesia católica debería ser congruente y en lugar de enarbolar una bandera provida, debería entregar a las autoridades a todos los curas pederastas, ¿o es que a caso en Veracruz no existen casos de esa índole?” preguntó Andrés Arellano Cruz, sociólogo y abogado, quien sostuvo que esos también son aberrantes crímenes que se han cometido contra niñas y niños, pero ahí ni el obispo ni los sacerdotes dicen nada, guardan cómplice silencio.
Arellano Cruz afirma que denunciar a los curas pederastas no compete al Vaticano, sino a las iglesias locales, quienes deben poner a disposición de las autoridades civiles a los religiosos y religiosas que abusen de menores.
Otras personas consultadas por este periodista respecto a la postura de la iglesia, señalaron que los sacerdotes muchas veces se “espantan” hasta del divorcio y le niegan los sacramentos a quienes faltan o rompen un contrato matrimonial religioso, pero en cambio, si se trata de personas adineradas, influyentes y con poder para dar “generosas limosnas”, en esos casos ellos acuden gustosos a casar por segunda o tercera ocasión a quien pueda pagar su bendición, lo cual resulta absurdo e incongruente.
La legalización de la interrupción del embarazo, principalmente evita riesgos para la salud y la vida de las féminas, pues al menos en Veracruz se pueden contar por cientos al año, que se ponían en manos de pseudo médicos o parteras que en algunos casos extremos les llegaban a practicar cirugías, cuando ni siquiera son necesarias o aquellas que con base en sus usos y costumbres se introducen en la vagina hierbas u otros objetos que pueden provocarles infecciones y hemorragias que de no ser atendidas adecuadamente las llevan a la muerte.
He ahí el riesgo de los abortos clandestinos, que es casi un hecho que habrán de disminuir en la misma medida que las mujeres no tengan que esconderse para abortar por una violación, por malformación o alguna otra causa: De esos casos de violación hay muchos, bastaría tan sólo darse una vuelta por las cárceles, los reclusorios del estado y preguntarle a las internas quiénes son los padres de sus hijos y por qué si fueron violadas no pudieron abortar, un tema del que ya les platicaré.
Información, comentarios y sugerencias a rvalerdeg@gmail.com.
