Por Reynaldo Escobar
Es verdad que para darle formalidad y legalidad a las consultas populares, como la que se celebró el día de antier, el INE tendría que ajustarse a los términos y procedimientos que establece la Constitución en el artículo 35 fracción VIII. Las bases correspondientes obligan a una convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República, del 33% de los integrantes de cualquiera de las dos Cámaras y cuando se trate de temas de trascendencia nacional, los propios ciudadanos podrán convocar a la consulta popular, siempre que se reúnan, cuando menos el dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores y en los términos que determine la ley.
La consulta celebrada el pasado domingo, fue legal y convocada por el Presidente de la República, el INE se encargó de establecer y vigilar el cumplimiento de las bases y procedimientos para la participación ciudadana. La jornada al concluir el cierre de las casillas de votación, arrojaron una participación efectiva entre el 7 y el 7.4% del padrón electoral.
Las inconformidades posteriores al cierre de las casillas con algunos señalamientos de los interesados en emitir su voto, fueron porque esperaban que en las casillas donde se celebró la elección federal anterior, serían instaladas ahora las casillas de la consulta popular. Por otro lado, la publicidad con invitación para votar, se orientó siempre al enjuiciamiento de los expresidentes de la República, de Salinas de Gortari a Peña Nieto y la pregunta que aparecía en las boletas, tuvo una redacción diferente, confusa y contraria a la promoción de llevar a juicio a los antecesores del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, insistía el día de ayer, que los resultados de la fracasada consulta no obligan a archivar los expedientes de los que fueron titulares del poder ejecutivo federal, puesto que varios de ellos arrastran omisiones en las cuentas públicas y presupuestos que les tocó administrar y que no se deben olvidar, cuando el empobrecimiento de la población, se atribuye a ese motivo.
El INE como respuesta a esos cuestionamientos informó que fueron instaladas 3,735 casillas y que participaron 899 observadores electorales. Cada casilla contó con un presidente, un secretario y un escrutador, quienes únicamente reportaron 21 incidentes menores que fueron resueltos en el acto.
Habrá que ver si la convocatoria para la revocación de mandato que permitirá a los ciudadanos opinar sobre la salida anticipada del presidente López Obrador servirá para resolver los grandes problemas nacionales omitidos por el Gobierno de la 4T, o por el contrario el pueblo bueno y los amlovers ratifican en su cargo a su líder y guía y el pais continúa a la deriva.
