Por Reynaldo Escobar
El supuesto “golpe de estado” a que se refiere el ex magistrado presidente José Luis Vargas Valdés, cayó por su propio peso, y políticamente ha quedado firme la salida indecorosa del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es que la solicitud de la UIF para investigar por actos de corrupción al abogado Vargas Valdés, dicen los conocedores del caso, parte de bases firmes y un conjunto de pruebas que acreditan el incremento desproporcionado a sus ingresos respecto al monto acumulado en su patrimonio personal y familiar.
Ya se dice que la caída del alto funcionario que fungió como presidente del TEPJF, políticamente ha quedado firme, porque los cinco magistrados que votaron por su salida, han sostenido el fallo en defensa de la honorabilidad de ese tribunal federal, incluso han manifestado que no debe haber sometimiento de las instituciones al presidente de la República López Obrador, por lo que únicamente podría dejar sin efecto la destitución del magistrado José Luis Vargas, una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si llegara a plantearse la controversia constitucional por el personaje afectado.
Antes de que ocurriera la destitución del magistrado del TEPJF José Luis Vargas Valdés, la Unidad de Inteligencia Financiera, le encontró y registró la compra de residencias en Miami, Florida; y en Mexico localizó la compra de inmuebles ubicados en Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco, cuyos valores catastrales y regístrales, rebasan en mucho a los ingresos anuales del personaje en mención, cuyo monto por anualidad, solo alcanza la cifra de dos millones cuatrocientos mil pesos. De ahí que resulta evidente el enriquecimiento ilícito y las operaciones comerciales con dinero de dudosa procedencia, que han sido utilizadas para incrementar descomunalmente el patrimonio personal del ex magistrado presidente.
El respaldo de los ex compañeros del destituido, recayó en favor del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, siendo los votos de los señores magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante González, Janine Otálora Malassis, siendo la magistrada Monica Soto, la única de los presentes que rechazó votar en favor de Reyes Mondragón, quien a su vez aceptó la responsabilidad que le fue asignada por sus compañeros.
Veremos si el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, avala el acuerdo de los integrantes del TEPJF, o instruye al consejero presidencial Julio Scherer, para que en nombre del ejecutivo federal, haga valer lo que a los intereses del depositario del poder ejecutivo correspondan, aunque por el momento sólo queda decir la expresión latina “consummatum est” que significa todo está consumado.
