Por desacato, juez ordena arrestar a prima de la senadora Indira

Pablo Jair Ortega

Valeria San Román Zamora, prima de la senadora panista Indira Rosales San Román, tiene orden de arresto por desacato al no pagar rentas pendientes del local o entregar la administración del negocio denominado “La Gran Dictadura”, mismo que ya fue embargado desde el pasado 21 de octubre.

Lo anterior, luego del apercibimiento que le hizo el Juzgado Segundo de Primera Instancia, cuyo titular es Joaquín Reyes Martínez, dentro del juicio ordinario civil número 597/20.

San Román Zamora (a quien diversas fuentes señalan como presunta prestanombres de la legisladora), se sabe que hasta el momento se ha negado a pagar la renta pendiente de su negocio y mucho menos ceder ante el embargo, por lo que el juez decretó el arresto por 10 horas en contra de la demandada.

El adeudo acumulado por esas rentas vencidas supera el millón 200 mil pesos.

De acuerdo al expediente, la Policía Municipal de Boca del Río es quien tiene la instrucción de búsqueda y localización de Valeria San Román Zamora, y el arresto es una medida de apremio.

Fuentes jurídicas consultadas, explican que una orden de arresto es diferente a una orden de aprehensión, ya que la primera es por la vía civil y la segunda es por la vía penal, definiendo que el arresto es un castigo de tipo administrativo, pero sí es una privación de la libertad.

“La Gran Dictadura” es un restaurante bar ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, en la zona conocida como Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río.

El pasado 21 de octubre, por incumplimiento en el pago de deberes mercantiles, el antro supuestamente propiedad de Valeria San Román Zamora, recibió la visita del actuario por el juicio 597/20 que se le sigue en el juzgado segundo de primera instancia.

Fue a las 17:00 horas de ese día cuando por instrucciones del juez segundo de primera instancia, el actuario procedió a la notificación de embargo precautorio por el incumplimiento de Valeria San Román de pagar adeudo por rentas vencidas durante más de un año.

El abogado de la parte de los demandantes, Felipe Fernández Fourzán, notificó que durante ese tiempo tampoco han depositado el adeudo en el juzgado.