El Congreso de la Unión, el sector privado, el gabinete de seguridad, incluidas las secretarías de Defensa Nacional y Marina, acordaron la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad como parte de la columna vertebral del nuevo marco jurídico nacional en la protección de la información del Estado mexicano que está en el ciberespacio y que a más tardar el 15 de diciembre tendrá la primera ley.
En el foro para avanzar en los acuerdos entre senadores, diputados federales y representantes del gobierno federal, el sector privado informó que el golpe económico de los ataques cibernéticos provocan una pérdida anual de ocho mil millones de dólares.
En conferencia de prensa, los presidentes de las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado y de la Cámara de Diputados anunciaron que el marco jurídico mexicano no se limitará a la Ley Federal de Ciberseguridad, sino que abarcará diversas reformas legales para cubrir áreas específicas de seguridad nacional, servicios financieros y bancarios, personales de ciudadanos, entre otras.
Dejaron en claro que la legislación no restringirá el uso de internet ni la libertad que se tiene en ella.
“De ninguna manera haríamos una ley que suprima derecho, ni siquiera que los haga punibles”, precisó Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado.
“Recordemos que la ONU ha señalado el internet como un derecho y nosotros constitucionalmente lo tenemos. No va por ahí y no iríamos por un rumbo de contravenir la Constitución”, añadió Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
Uno de los aspectos fundamentales que serán parte del nuevo entramado legal en materia de ciberseguridad será la capacitación obligatoria.
“Lo que va incluir especialmente la ley es la parte de capacitación, como una obligación de los distintos entes que formen parte, tanto de la propuesta de una Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es la propuesta donde más énfasis se ha hecho, como la responsabilidad de capacitar Ministerios Públicos, fiscalías, jueces; a todo el personal alrededor del aparato de justicia.
López Casarín añadió que la Agencia tendrá un sistema de cooperación internacional y precisó que en el diseño del nuevo entramado legal participan los integrantes del gabinete de seguridad, incluidos militares, marinos y Guardia Nacional y se analizan diferentes áreas de aplicación, como el financiero, bancario y hasta los llamados “monta deudas” y los ataques a particulares.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que se trabaja para que antes del 15 de diciembre salga esta ley.
