Alejandro Moreno permanecerá como dirigente del PRI hasta 2024, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la modificación de los estatutos del partido es constitucional y legal.
Por tanto, se revierte el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE), que había declarado la imposibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de las modificaciones a los estatutos del PRI.
El dirigente del PRI tendría que dejar su cargo el 18 de agosto de este año; sin embargo, en diciembre pasado el Consejo Político Nacional del PRI realizó modificaciones a sus estatutos para, entre otras disposiciones, ampliar el periodo de su cargo partidista.
El proyecto fue aprobado por cinco votos a favor y dos en contra de la magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón.
La propuesta del magistrado José Luis Vargas establece que “el partido cumplió con el procedimiento dispuesto en su propia normativa, para que el Consejo Político Nacional aprobara las modificaciones al estatuto”.
Ante la cercanía del proceso electoral 2024, subraya que las modificaciones están apegadas al orden constitucional y legal, y están enmarcadas en el derecho de autoorganización de los partidos.
Al presentar su proyecto, el magistrado Vargas argumentó que las modificaciones a los estatutos se hicieron conforme su normatividad, por lo que son válidos.
Señaló que la solicitud del INE al partido para presentar una motivación reforzada “representa una intromisión a la vida interna del partido, pues se trata de una decisión aprobada por un órgano de deliberación nacional que representa a todos los sectores del instituto político”.
Expuso que se deben analizar las modificaciones, “específicamente las que pudieran entorpecer la participación del partido político en el proceso electoral, así como la postulación de sus candidaturas”.
La magistrada Mónica Soto apuntó que los partidos tienen la facultad de realizar ajustes a las disposiciones estatutarias, cuando lo crean pertinente, para adecuar su normativa a la nueva realidad política.
En tanto, el magistrado Felipe Fuentes explicó que el PRI sí justificó la modificación de sus documentos, al amparo del fortalecimiento de su organización interna y la inminencia de la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en diciembre pasado.
En contra del proyecto, la magistrada Janine Otálora señaló que falta una debida justificación para que el Consejo Político Nacional del PRI sea competente para modificar los estatutos, ya que según su normativa esto corresponde a la Asamblea Nacional.
Advirtió que de no existir justificación reforzada “sería darle carta abierta al Consejo Político para que modifique cualquier cuestión del Estatuto, en cualquier momento y solo rinda un informe ante la asamblea, lo cual sería contrario a lo establecido y lo convierte en una facultad ordinaria de dicho órgano”.
El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón señaló que, para llevar a cabo una reforma estatutaria por el Consejo, tiene que haber un mínimo de justificación, ya que se trata de una medida extraordinaria.
