Redacción Versiones
Al dar a conocer anoche la vinculación a proceso y la prisión preventiva de 1 año en contra de la jueza Angélica “N”, la Fiscalía General del Estado de Veracruz detalló que “los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia, son derivados de diversas acciones que realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel ´N´ “.
“Sin embargo –añade la Fiscalía- una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían al quejoso ni la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública”.
“Cabe señalar –abunda la FGE- que la carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado ésta una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora”.
HAY PRUEBAS COMO “MÚLTIPLES LLAMADAS” Y CORREOS ELECTRÓNICOS EN LOS QUE SE DEMUESTRA CÓMO LA JUEZA PRESIONÓ A AUTORIDADES PENITENCIARIAS PARA LA INMEDIATA LIBERACIÓN DEL “COMPA PLAYA”
Pero además, hay pruebas contundentes como “múltiples llamadas” y correos electrónicos que la jueza Angélica “N” envió a autoridades penitenciarias del Centro Federales de Readaptación Social (CEFERESO) de Coahuila, mediante los cuales la entonces juzgadora solicitó la liberación inmediata de Itiel “N”, alias el “Compa Playa”, presunto homicida de quien fue diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios.
“Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencia, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución”, expuso anoche la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de un comunicado.
