Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aperturó una consulta al Pleno para determinar si puede pronunciarse sobre la reforma judicial.
Según los registros oficiales, se trata de dos asuntos que fueron turnados a la ministra Lenia Batres con carácter de urgencia.
“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la posibilidad de que la Presidencia de este Alto Tribunal, al conocer de un asunto de los previstos en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pronuncie sobre la procedencia de la o las medidas cautelares que se hagan valer”, dice el acuerdo de Piña.
“Se decrete como medida cautelar la suspensión del procedimiento de reforma constitucional, hasta en tanto el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, se pronuncie de fondo”, fue una de las peticiones que hizo a Piña la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED).
Los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la ministra Lenia Batres, principal defensora de la reforma judicial en la Corte, quien debe presentar proyectos al Pleno para discusión, probablemente la próxima semana.
Las consultas a trámite por parte de la Presidencia de la Corte son relativamente frecuentes y buscan aclarar ciertos casos en los cuáles existen dudas sobre el procedimiento a seguir.
En este caso, la JUFED pretende que Piña suspenda el proceso de reforma, como paso previo a que la Corte “fije una posición a favor de que se respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga su actual integración hasta en tanto se realice un objetivo diagnóstico de los problemas que ocasionan la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el país, para así, con un gran diálogo nacional de todos los sectores involucrados e interesados en el sistema de justicia, participen en una propuesta seria y objetiva de reforma”.
La consulta se refiere, únicamente, a si Piña puede dictar una suspensión de ese tipo, algo que la Corte nunca ha hecho para frenar un procedimiento legislativo en curso, y mucho menos uno que busca reformar la Constitución.
La intervención de la Corte para revisar leyes siempre es posterior a su publicación, y lo que revisa es, precisamente, si se ajustan a la Carta Magna.
