José Ortiz / EN CORTO
En Veracruz, la historia de la corrupción se repite una y otra vez. Gobiernos vienen y van, pero los saqueadores de siempre permanecen, camuflándose con cada cambio de administración. El caso del Hospital General de Misantla, una obra que comenzó en 2009 y que sigue en obra negra, es el mejor ejemplo de cómo el dinero público se diluye entre licitaciones falsas, empresas fantasma y los mismos apellidos que nunca desaparecen.
Durante su visita a Misantla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se comprometió a terminar este hospital. Un anuncio que suena más a reparación de un daño que a una decisión política. Porque lo que no dijo la mandataria es quiénes se enriquecieron con la promesa de un hospital que nunca existió, ni tampoco mencionó que esa obra fue saqueada por los mismos de siempre, en particular por un personaje que ha sabido sobrevivir a todos los gobiernos: Daniel Baizabal González.
El hospital de Misantla no es solo un elefante blanco, es un monumento a la impunidad. Desde el gobierno de Javier Duarte, Baizabal tejió una red de corrupción a través de su empresa Sabai S.A. de C.V., utilizada para facturar equipamiento y obras que jamás se realizaron. Se ha documentado cómo a través de esta empresa se desviaron millones de pesos destinados a la infraestructura hospitalaria en Veracruz, sin que hasta ahora nadie haya sido castigado por ello.
Los datos son contundentes: una reciente investigación publicada por La Jornada Veracruz reveló que Andrés Mejía Rivero y María Angélica Arellano Domínguez desviaron casi 130 millones de pesos (7.2 millones de dólares) destinados a equipar hospitales en Veracruz. Entre esos hospitales, claro, está el de Misantla.
Pero la historia no acaba ahí. Andrés Mejía Rivero no es cualquier operador, es socio, testaferro y operador financiero de Baizabal. Y como si fuera una mala broma, en 2017 fue su candidato suplente a la presidencia municipal de Emiliano Zapata por la coalición PAN-PRD. No solo robaron millones, se metieron a la política para asegurarse de que nadie los tocara.
El dinero público desapareció, las empresas que participaron en el fraude siguen operando, y ahora la Cuarta Transformación tendrá que poner la cara y el presupuesto para terminar el hospital que otros convirtieron en un botín.
El problema es que Baizabal y su red no solo sobrevivieron al gobierno de Duarte, sino que supieron venderse al bienio azul de Miguel Ángel Yunes y después al gobierno de Cuitláhuac García, siempre con la misma fórmula: cambiarse de color, pero mantener los negocios con el erario público.
Ahora que el gobierno federal tendrá que absorber el costo de este desfalco, la pregunta no es cuándo estará terminado el hospital, sino quiénes se beneficiarán de los nuevos contratos.
Lo que sí es seguro es que Daniel Baizabal y su red siguen intocables, operando como si nada hubiera pasado. La impunidad les ha dado la confianza para moverse entre partidos y reciclarse con cada sexenio.
El hospital de Misantla es solo una de tantas historias de corrupción que nunca fueron castigadas. Y mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum pone la cara para anunciar su conclusión, los responsables de su abandono siguen libres, listos para seguir exprimiendo el dinero de los veracruzanos.
Veracruz no se salva de sus saqueadores. Gobiernos cambian, pero los ladrones se quedan.
