José Ortiz / EN CORTO
La democracia no solo se construye con votos, sino con conocimiento. Y aquí es donde empieza el problema: los mexicanos no entienden cómo funciona el Poder Judicial, pero pronto tendrán que votar por jueces y magistrados. Un escenario digno de una tragedia política que podría desembocar en el desmantelamiento total de la justicia en México.
Las cifras son escalofriantes. Más de la mitad de la población cree que hay una jerarquía entre los poderes del Estado, cuando en realidad el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial deberían ser contrapesos entre sí. El 60% piensa que los jueces de la Suprema Corte deben obedecer al Presidente, cuando su deber es precisamente limitar los abusos del poder. Pero lo más preocupante es la confusión absoluta sobre el rol de los jueces. El 35% cree que investigan delitos, el 44% piensa que reciben denuncias y el 55% cree que persiguen delincuentes. Es decir, los mexicanos confunden jueces con policías y fiscales. Además, el 65% cree que las fiscalías forman parte del Poder Judicial, cuando en realidad dependen del Ejecutivo o son autónomas.
Este desconocimiento es la antesala perfecta para la manipulación. El Gobierno de la 4T ha vendido la idea de que la “democratización” del Poder Judicial es el remedio contra la corrupción, cuando en realidad es un golpe directo a la independencia judicial. El 50% de los mexicanos apoya la reforma judicial, pero sin entenderla: creen que se trata solo de “sacar jueces corruptos”, sin considerar que esto implica eliminar la autonomía de la justicia y someterla al poder político. Hoy, solo el 9% de la población puede mencionar espontáneamente un tribunal de circuito o un juzgado de distrito. El 5% ha tenido contacto con un juez federal en su vida, y la mayoría nunca ha pisado un tribunal. Aun así, dentro de poco serán los encargados de elegir jueces y magistrados en elecciones populares.
¿En qué cabeza cabe que una sociedad que no entiende qué hace un juez tenga la facultad de elegirlos en las urnas? El riesgo de que la justicia se convierta en un circo electoral es gigantesco. No estamos hablando de elegir un alcalde o un diputado, sino a los responsables de interpretar y aplicar la ley. Y si algo ha quedado claro en esta administración, es que la narrativa y la manipulación pesan más que la razón.
México no es la primera nación en enfrentar una crisis de justicia politizada, pero sí podría ser de las pocas que caiga en la trampa de destruir su independencia judicial sin resistencia. En países como Venezuela, la toma del Poder Judicial fue el primer paso para consolidar una dictadura de facto. Si permitimos que jueces y magistrados sean elegidos a mano alzada, la justicia dejará de ser ciega para convertirse en cómplice del poder en turno.
Aquí no hay casualidades. La ignorancia ciudadana es el terreno fértil para que el oficialismo imponga su propia justicia. Cuando el pueblo no entiende cómo funciona la ley, se vuelve vulnerable a quienes quieren moldearla a su antojo. La gran pregunta es: ¿cuántos mexicanos caerán en la trampa? La democracia no se construye con propaganda, sino con educación. Y en este país, la educación cívica ha sido relegada en favor de la manipulación ideológica. Estamos a punto de jugar una ruleta rusa con el Poder Judicial. Y la bala está en la recámara.
